Keren Sarmiento, una inmigrante hondureña que llegó al sur de la Florida cuando era una bebé, mantuvo la esperanza hasta el último día.
Como miles de hondureños en Estados Unidos, Sarmiento, sus padres y su hermana esperaban nerviosos la decisión del gobierno del presidente Donald Trump, que debía anunciar si continuaba o cancelaba un programa que los protege de la deportación y les otorga permisos de trabajo.
El viernes por la tarde el gobierno anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 57,000 hondureños. Ahora decenas de miles de personas, 7,800 de ellos residentes de la Florida, según el Center for Migration Studies of New York, pronto correrán el riesgo de ser deportados.
“Acabó con todas mis esperanzas”, dijo Sarmiento, de 22 años y estudiante universitaria en el condado Broward. A Sarmiento aún le quedan dos años de estudios para graduarse de laboratorista.
“Ahora no sé si me voy a poder graduar. Si nos tenemos que ir, me voy sin cumplir mi sueño”, dijo.
Los hondureños ahora tienen 18 meses para regresar a su país o buscar otra forma de residencia legal en Estados Unidos.
El programa TPS comenzó en 1990 para dar protección a inmigrantes de 10 países que lidiaban con conflictos armados o la recuperación tras desastres naturales. En 1998, se acogieron al TPS decenas de miles de hondureños que buscaban refugio en Estados Unidos luego de que el huracán Mitch arrasara con el país centroamericano y dejara más de 10,000 muertos.
Por más de seis meses los hondureños estuvieron a la expectativa de la decisión sobre su futuro en Estados Unidos, luego de que Trump finalizara el TPS para 200,000 salvadoreños, 45,000 haitianos, 2,500 nicaragüenses y, más recientemente, 9,000 nepalíes.
En noviembre, el Departamento de Seguridad Interna retrasó la decisión sobre el TPS para los hondureños mientras el país centroamericano se preparaba para celebrar elecciones. En esos comicios resultó electo Juan Orlando Hernández, en medio de alegaciones de fraude que desencadenaron protestas en las que murieron al menos 30 personas.
“Hemos estado cabildeando en el Congreso para lograr una reforma migratoria que proteja a todos los tepesianos (como son llamadas las personas que cuentan con TPS)”, dijo Francisco Portillo, representante de la Organización Hondureña Integrada Francisco Morazán, en Miami. “Pero también hemos estado ayudando a la comunidad a crear un Plan B, ya sea si tienen hijos ciudadanos mayores de 21 años, inicien una petición a los padres, o consulten otras formas de visado o de regularizar su estatus”.
Eso sí, advirtió Portillo, esas vías de regularización deben ser válidas.
“Que no vayan a pagar dinero para casarse con alguien o a creerles a personas sin escrúpulo que se hacen pasar por abogados y que les ofrecen una green card (residencia permanente) a cambio de dinero”, dijo el activista. “Eso empeoraría su situación”.
La familia de Keren Sarmiento, la estudiante, no cuenta con ningún otro camino para regularizar su estatus. Su hermana, enfermera en un hospital de Broward, tiene 23 años y nació en Honduras. Su madre limpia casas y cuida niños, y su padre trabaja en la construcción.
Sarmiento dijo que sus padres se esfuerzan para que ella y su hermana tengan una educación universitaria, gracias a que el gobierno les permitió renovar el TPS una y otra vez por casi 20 años.
“Mis papás hicieron todo bien, todo lo que tenían que hacer: pagaron sus taxes, pagaron por la renovación del TPS y ahora nos quedamos así”, lamentó.
La esperanza de Sarmiento ahora está puesta en una posible solución que venga del Congreso.
“Estoy esperando una reforma migratoria. Me da miedo volver a un país que en verdad no conozco”, dijo. “Nunca hemos regresado”.
Según un reporte del Center for Migration Studies, el 85 por ciento de los hondureños con TPS son parte de la fuerza laboral en Estados Unidos, en comparación con el 63 por ciento de la población total del país. Además, han tenido 53,500 hijos nacidos en EEUU y el 20 por ciento han comprado casas.
De acuerdo con un análisis del Immigrant Legal Resource Center (ILRC) con datos del American Community Survey del Censo de Estados Unidos, los hondureños contribuyen más de $1,000 millones anuales al producto interno bruto de EEUU. El ILRC estimó que el costo de deportar a los hondureños es de más de $700 millones.
“La decisión errónea de esta administración de rescindir el TPS para miles de hondureños en los Estados Unidos tendrá un impacto trágico en sus vidas”, dijo en un comunicado la congresista del sur de la Florida Ileana Ros-Lehtinen. “La pérdida de estas personas trabajadoras tendrá un impacto negativo en nuestra economía, además de impactar tantas vidas en nuestra comunidad.”
Por su parte, el congresista por el sur de Florida Carlos Curbelo dijo que la culminación del programa era “otra decisión miope” de la administración Trump.
“Aunque estoy extremadamente decepcionado, hace mucho tiempo que dije que el Congreso tiene la responsabilidad de actuar y poner fin a la ansiedad e incertidumbre que sienten los jóvenes inmigrantes traídos a nuestro país cuando eran niños y quienes contribuyeron a nuestro país bajo el programa TPS, debido a estos mandatos ejecutivos temporales”, dijo Curbelo en un comunicado.
El congresista presentó el año pasado, junto a un grupo bipartidista de legisladores, una propuesta de ley que permitiría a unos 300,000 inmigrantes con TPS convertirse en residentes permanentes.
“Esta propuesta de ley bipartidista daría a estos inmigrantes la tranquilidad de continuar retribuyendo a sus comunidades, contribuyendo a nuestra economía y apoyando a sus familias”, dijo Curbelo.
El gobierno de Trump ha argumentado que el programa creado para dar protección temporal por situaciones específicas, como desastres naturales, no debió convertirse en una especie de estatus “casi permanente” no oficial para cientos de miles de personas.
Los grupos que abogan por una reducción de la inmigración a Estados Unidos, utilizan argumentos similares.
“El huracán fue hace una generación, y Honduras hace mucho tiempo volvió a su mal estado normal, no al estado especial post-huracán que justificó el TPS”, dijo al New York TimesMark Krikorian, director ejecutivo del Center for Immigration Studies.
Honduras es uno de los países más pobres y violentos de América Latina, con uno de los índices de asesinatos más altos del mundo. Decenas de miles de hondureños abandonan el país anualmente con destino a Estados Unidos.
«La deportación será una sentencia de muerte para algunos hondureños, y el hecho de que la Casa Blanca pueda saber esto y continúe hoy con esta imprudente decisión política de dar por terminado el TPS es deplorable”, dijo Amanda Baran, del Immigrant Legal Resource Center. “Los hondureños se han arraigado profundamente en la sociedad estadounidense, ya que se vieron obligados a huir de las condiciones peligrosas y desastrosas de su país de origen, que aún no han mejorado”.
Fuente: El Nuevo Herald
