El tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras está a punto de expirar, y las autoridades gubernamentales aún no han abordado públicamente este importante tema. La falta de pronunciamiento ha generado incertidumbre, y los analistas políticos han expresado opiniones diversas sobre las consecuencias que la cancelación del tratado podría traer al país.
Un tema crucial en la discusión es la renovación de la concesión de Palmerola. Según la transcripción de una entrevista, se menciona que la presidenta Xiomara Castro Sarmiento prorrogó la concesión por un año más. Se espera que continúen las negociaciones para establecer nuevos acuerdos relacionados tanto con Palmerola como con el tratado de extradición. Uno de los entrevistados, quien no fue identificado por su nombre en la transcripción, sugiere que el Congreso debe intervenir para reglamentar estos acuerdos. El entrevistado también hizo referencia a la influencia de las políticas de Donald Trump en estas negociaciones y destacó que ya se están alcanzando algunos acuerdos preliminares.
Tomás Zambrano, otro entrevistado, expresó su desacuerdo con las políticas actuales, criticando la gestión del tratado de extradición y la situación de Palmerola. Según Zambrano, lo que hace la presidenta Xiomara Castro con los deportados no es adecuado y sugiere que los recursos deberían ser manejados de manera diferente.
Por su parte, la doctora Suyapa Figueroa manifestó que la debilidad del gobierno y del poder judicial convierte el tratado de extradición en una necesidad imperiosa para el país. Figueroa subraya que el 28 de febrero finalizará la vigencia del tratado y critica la falta de alternativas planteadas por el gobierno. Según ella, este instrumento ha sido fundamental para llevar a dos expresidentes hondureños a la justicia por corrupción y narcotráfico, evitando así la impunidad. En su opinión, Honduras necesita este tratado debido a la débil institucionalidad, gobernanza y el pobre ejercicio del poder judicial. De esta manera, el tratado ayuda a frenar acciones y crímenes que de otra forma quedarían impunes.
La posibilidad de renovar el tratado de extradición aún está en el aire, y la incertidumbre persiste sobre la seguridad y el futuro del país. El 28 de febrero se acerca rápidamente, y los hondureños esperan con preocupación los próximos pasos que tomarán las autoridades para abordar esta crucial situación.
