Aunque la Secretaría de Seguridad ha informado sobre una reducción en los homicidios, la preocupación persiste debido a la alta impunidad que sigue imperando en el país. A pesar de haber menos homicidios registrados, la impunidad se mantiene en un crítico 95%, lo que refleja la falta de eficacia del sistema de justicia hondureño para resolver estos casos.
El principal problema radica en que el sistema de justicia no cuenta con las herramientas suficientes ni con el recurso humano necesario para enfrentar esta impunidad. La población sigue percibiendo una carencia en la impartición de justicia, lo que genera desconfianza en las autoridades y en el proceso judicial.
Para obtener resultados tangibles, es necesario proporcionar el presupuesto adecuado y, lo más importante, voluntad política. Sin embargo, no se ha observado un esfuerzo legislativo por parte del Congreso Nacional en pro de la seguridad interna del país, lo que contribuye a los bajos resultados y a la persistente impunidad.
En cuanto al estado de excepción, se ha señalado que lleva dos años y un mes en vigor de manera ilegal, según los análisis de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). La imposición de este estado de excepción ha desnaturalizado su carácter temporal y se ha implantado como una medida permanente, restringiendo derechos y garantías de manera ilegal. Esta situación debería preocupar al pueblo hondureño.
Se necesitan medidas contundentes y reformas legislativas para fortalecer las instituciones de justicia e investigación. Esto incluye la inyección de presupuesto necesario para mejorar la judicialización de los casos. Mientras tanto, continúan reportándose masacres, femicidios y un aumento en la extorsión, que afecta a más de 304,000 hogares. Además, las denuncias han disminuido en casi un 70%, lo que indica una creciente desconfianza de la población hacia las autoridades.
La percepción de la gente es que las autoridades no están proporcionando respuestas efectivas, lo cual perjudica la imagen del gobierno y del país. En un contexto de violencia y falta de resultados, el crimen organizado se beneficia de la impunidad y del debilitamiento institucional.
Es fundamental que el gobierno y el Congreso Nacional trabajen en conjunto para implementar reformas y medidas efectivas que fortalezcan el sistema de justicia y brinden seguridad a la población. Solo así se podrá reducir la impunidad y restablecer la confianza en las autoridades y en el proceso judicial en Honduras.