La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó requerimiento fiscal en contra de un diputado, cuatro exdiputados, dos representantes legales y dos contadores de Organizaciones No Gubernamentales ONG y cinco particulares.
Se trata de Alberto Chedrani Castañeda (actual parlamentario), José Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía Merino (exparlamentarios), a quienes conforme a las investigaciones efectuadas en el periodo comprendido entre los años 2013-2017 se les vincula a operaciones fraudulentas y saqueo de fondos del Congreso Nacional en colusión con las ONG Líderes Comunitarios para el Desarrollo (OLICODE) e Impulso Solidario (OIMSO).
Asimismo, están involucrados Dalia Esmeralda Palma Sánchez y Ramón Eduardo Núñez Rodas (presidenta y contador de OLICODE), José Wilfredo Flamenco Ramírez y Marvin Alexis Sabillón Rivera (presidente y contador de OIMSO), Mirna Lizeth Ham Guzmán, José Jorge Cásula Laínez, Fabio Javier Rodríguez Lagos, Nahun Orlando Osorto Guevara y David Abner Flores Montoya (estos últimos encargados de recibir y cambiar cheques emitidos a su nombre).
Las imputaciones contra Chedrani Castañeda y León Rojas son por fraude y lavado de activos y en el caso de Ramos Soto, Díaz Aceituno y Mejía Merino por fraude.
En tanto, a Palma Sánchez y Flamenco Ramírez por fraude, lavado de activos, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos, a Ham Guzmán, Cásula Laínez, Rodríguez Lagos, Osorto Guevara y Flores Montoya por encubrimiento por receptación agravado y a Núñez Rodas y Sabillón Rodas por falsificación de documentos.
Según la relación de hechos, los investigados se coludieron para crear las ONG OLICODE y OIMSO, mediante las cuales desarrollarían 46 proyectos de microempresas y generación de empleo en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Copán, mismos que solo se ejecutaron en un cinco por ciento aproximadamente y de los que al final se desviaron 18 millones 950 mil lempiras.
Cabe señalar que, desde su origen y durante el transcurso de sus operaciones, las actuaciones de las ONG se vieron envueltas en una serie de ilicitudes e irregularidades, puesto que además del hecho que los cinco encausados se valieron de su cargo como diputados para drenar recursos estatales, los directivos de OLICODE y OIMSO eran funcionarios del Estado, desempañándose en áreas claves en la gestión de recursos públicos, como es el caso del Fondo de Desarrollo del Departamental del Congreso Nacional y en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).
Además, se determinó que los imputados siguieron una tipología de desvío de fondos para financiamiento de gastos personales y de campañas políticas con el uso de redes de organizaciones de sociedad civil, captando los directivos de la ONG el dinero de los proyectos y retornándolo a los diputados mediante depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, como es el caso de Chedrani Castañeda quien percibió 19 depósitos que sumaron más de 2.9 millones o Ramos Soto que fue beneficiario de cuatro depósitos de casi un millón de lempiras.