El pasado 1 de noviembre, 12 hondureños —incluidos seis niños— que viajan en la caravana de migrantes que se dirige hacia Estados Unidos demandaron al presidente norteamericano, Donald Trump, y a diferentes organismos y altos cargos de EE.UU. porque estiman que violan sus garantías procesales.
Esa manera de actuar iría contra la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que indica que ninguna persona «será obligada en ningún caso criminal a testificar contra sí misma, ser privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal».
«Crisis bien documentada»
Los abogados de esas personas presentaron su iniciativa legal ante el tribunal del distrito de Washington, un texto en el cual destacaron que Guatemala, Honduras y El Salvador «atraviesan una crisis de derechos humanos bien documentada».
En ese escrito, los letrados detallaron que la política de Trump «hacia miles de personas que forman parte de la caravana y buscan asilo en EE.UU. es terriblemente inconstitucional» y el mandatario comete «abusos contra la ley, incluidos los derechos constitucionales, para impedir que los centroamericanos ejerzan su derecho en asilo» en territorio estadounidense y «no le importa» perjudicar a «niños inocentes.
