Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y Equipo Biomédico del Ministerio Público iniciaron este jueves una inspección técnica en el Hospital Móvil de Santa Rosa de Copán.
Lo anterior, en seguimiento a las diligencias que se siguen en el denominado caso “Hospitales Móviles” y en razón que se tuvo conocimiento que los contenedores hospitalarios instalados en el occidente del país comenzaron a funcionar el 26 de junio pasado, casi siete meses después de su llegada a la ciudad de Santa Rosa (31 de diciembre).
En ese sentido, los fiscales, personal biomédico y agentes de los Departamentos de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública y Patrimonial y de Procesamiento de Escena del Crimen de la ATIC, han verificado hasta el momento que se están utilizando las áreas de triaje y emergencia para pacientes ambulatorios con COVID-19 y que en las Sala UCI de hombres y mujeres (Cuidados Intensivos) hay una excesiva carga de pacientes que dificulta el acceso y atención en esos espacios.
Además, se constata que los ventiladores mecánicos presentan fallas y que las áreas de laboratorio, farmacia, lavandería y cocina están sirviendo de bodegas. Igual no funciona la morgue y la planta desechos sólidos.
Como se recordará, fueron siete unidades de atención médica para pacientes con COVID-19 que compró en los primeros meses de la pandemia el Estado a través de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), a un costo de más de 47 millones de dólares.
Por el caso “Hospitales Móviles”, el Ministerio Público acusó a Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón, altos exdirectivos de INVEST-H, acusados por dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios y dos delitos de fraude y quienes guardan prisión por este mega fraude.
Causa en el cual también se imputó a Axel Gamaliel López Guzmán por dos delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública a título de cooperador necesario y contra quien el MP logró que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ordenara el aseguramiento de L101,777,602 (ciento un millones, setecientos setenta y siete mil, seiscientos dos lempiras) que equivalen a más de cuatro millones de dólares de las cuentas de la empresa Elmed Medical Systems propiedad del guatemalteco.
