Tegucigalpa, 29 de marzo de 2023. Pese a una reducción de 13 % en los homicidios en 2022, Honduras continúa siendo el país centroamericano con la tasa más alta de homicidios y la menor cantidad de policías en servicio, señaló este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en la presentación del informe “Estado de país: Seguridad y Justicia, del discurso a la realidad”.
El análisis de la ASJ expone que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes disminuyó de 41.2 en 2021 a 35.9 en 2022, la cifra más baja en los últimos 18 años; sin embargo, Honduras permanece como el país más violento de Centroamérica, con una tasa de homicidios dos veces más alta que Guatemala (17.3) y cuatro veces más alta que El Salvador (7.8).
A nivel departamental, Cortés (32.6) y Francisco Morazán (28.7) -que históricamente han sido los más violentos del país- registran una tasa de homicidios menor al promedio nacional, pero otros departamentos como Colón (62.8), Olancho (55.9), Islas de la Bahía (50.4), Yoro (43.2) y Lempira (39.4) se ubican por encima del promedio.
Entre los municipios con mayores tasas de homicidios figuran: El Rosario (160), Jano (137) y La Unión (129), en Olancho; Tambla (161) y Belén (99) en Lempira; Ilama (117), Santa Bárbara, y Tatumbla (108), Francisco Morazán.
Por otro lado, la tasa de muertes violentas de mujeres registró un descenso a 8.1 por cada 100 mil habitantes en 2022, mientras los asesinatos de personas LGTTBI incrementaron a 41 casos, el número más alto en los últimos cinco años.
En contraste, la fuerza policial para hacer frente a la inseguridad se encuentra debilitada. Desde 2016, la cantidad de policías fue en aumento cada año, de 14,249 a 18,920 elementos en 2021; pero en 2022, se observó una disminución de 873 policías, regresando al número de efectivos de hace seis años.
Naciones Unidas recomienda una tasa de 300 policías por cada 100 mil habitantes. En 2022, Honduras tuvo una tasa de 188 policías; Panamá tuvo 590 y Guatemala, 245.
Para incrementar la cantidad de policías es necesario entrenar y graduar un mayor número de aspirantes del Instituto Técnico Policial (ITP). A partir de 2015 hubo una tendencia de aumento hasta 3,861 personas matriculadas; pero en 2022, sólo ingresaron 962. En los últimos 12 años, un promedio de 76 % de los ingresados al ITP llegaron a graduarse.
9 % de los hogares hondureños pagaron extorsión en 2022 Al final del año anterior, la presidenta Xiomara Castro declaró una guerra contra la extorsión y el crimen organizado, e introdujo un estado de excepción que restringe derechos constitucionales para facilitar la investigación criminal.
En 2014, la victimización por extorsión en Honduras era de 11.6 %, la mitad de El Salvador y Guatemala. Sin embargo, mientras estos dos países han ido reduciendo la victimización a un tercio, Honduras ha quedado casi estancado. En una encuesta de mayo de 2022, 9 % de los entrevistados afirmaron que ellos o un pariente había sido víctima de extorsión en el último año. De estos casos, sólo 1 % fue denunciado y de los imputados por extorsión, 97 % eran recolectores de pagos en efectivo y no cabecillas, quienes en su mayoría eran jóvenes entre 18 y 29 años de edad.
El presente año será clave para determinar si estas medidas tendrán un efecto sustancial en la disminución de la extorsión y cuál será el precio pagado en cuanto a la afectación de los derechos humanos de los ciudadanos.
“La reactivación del comercio y fuentes de empleo después de superar la crisis de la pandemia, el incremento de las remesas familiares debido a los grandes flujos de migrantes que huyen del país, el tráfico de drogas, la extorsión y el lavado de activos, así como la falta de respuesta por parte de la autoridades y una crisis en el Ministerio Público que no se solventa, ofrecen nuevas oportunidades de actuación al crimen y permiten explicar el drástico resurgimiento de la violencia que se había reducido de una manera significativa. Ante todo esto solo nos provoca hacer la siguiente pregunta: ¿dónde está el Plan de seguridad nacional?”, apuntó Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de ASJ.
La iniciativa Estado de país informa y empodera a la ciudadanía para incidir con propuestas de políticas públicas pertinentes y realistas, a través de datos y análisis de expertos, presentados en eventos públicos y un sitio web con información y estadísticas que reflejan la realidad nacional.
