Padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reunirán con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo 26 de septiembre, fecha en la que se cumplen cuatro años de que uno de los casos más emblemáticos del sexenio permanezca impune.
A la fecha hay 120 detenidos de los que sólo 15 tienen relación directa con los hechos, de acuerdo a los abogados.
El presidente saliente, Enrique Peña Nieto, concluye su período de gobierno, iniciado en 2012, sin que quede claro qué ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero —estado violento y pobre al sur de México—, cuando pistoleros de un grupo delictivo actuaron en coordinación con policías municipales para desaparecer a los 43 alumnos, herir a 17 personas y asesinar a balazos a otras seis, tres de ellas estudiantes.
En vísperas del cuarto aniversario, el abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, advierte a RT: «Peña se va y no sabemos dónde están los 43. La investigación judicial es débil, llena de obstáculos e irregularidades. Ya incluso un Tribunal Unitario ha dicho que la verdad histórica es insostenible. No se ha investigado al Ejército, ni a la Policía Federal ni se han cumplido más detenciones a policías».
La Procuraduría General de la República (PGR) no ha investigado las cuatro líneas propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que empezó a indagar la desaparición forzosa en marzo de 2016.
El grupo exigió un informe de las llamadas de todos los involucrados; indagar el trasiego de droga de Iguala (Guerrero) a Chicago (Estados Unidos) y al Ejército; y realizar las consignaciones pendientes contra policías de Huitzuco, municipio aledaño a Iguala.
Para el GIEI, que investigó el caso por intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación; es decir, un juez mexicano, sólo es posible llegar a la verdad partiendo de las cuatro peticiones descritas.
«La verdad histórica»
En noviembre de 2014, cuando el ex procurador de Justicia Jesús Murillo Karam expuso la teoría de lo ocurrido, determinó ante medios nacionales e internacionales la denominada «verdad histórica». Contó que los jóvenes fueron detenidos por policías que los entregaron al grupo delictivo ‘Guerreros Unidos’, quienes incineraron al menos a una parte de los estudiantes en el basurero de Cocula.
Cuando el GIEI investiga esta teoría contrata a José Torero, uno de los peritos externos especialista en incendios, que revela, luego de su análisis forense, que esta hipótesis era imposible. No encontró evidencias en el basurero de un incendio capaz de incinerar siquiera un cuerpo. De ahí que «la verdad histórica» perdió validez. Y los peritajes fueron conocidos en su segundo informe.
Peña Nieto, pese a las evidencias mostradas, avaló la citada hipótesis hace cuatro años.
