Capturan en el aeropuerto Toncontín al capitán Santos Rodríguez Orellana

El capitán Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Bonilla y su apoderada legal fueron detenidos por agentes de la ATIC

Tegucigalpa. El Ministerio Público ejecutó este día la captura del ex capitán de las Fuerzas Armadas Santos Rodríguez Orellana a quien se le ha presentado requerimiento fiscal por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la economía del estado de Honduras, junto a Jennifer Lizzeth Bonilla (esposa) y Reina Lizeth Bonilla (suegra).

De acuerdo a las investigaciones iniciadas años atrás un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el ex capitán realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE.

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Del mismo modo Rodríguez Orellana, participo en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos DEA. así mismo en escuchas telefónicas negociaba entrega de drogas luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de la Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra.

Posteriormente al realizar el análisis financiero se pudo comprobar que durante el tiempo del excapitán en las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos un más de 2 millones y medio de lempiras y en salarios netos L813,918 lempiras, sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingreso en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020 más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.

Con lo anterior se evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la administración de rentas no es coherente con lo declarado.

 

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