Tegucigalpa. – El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción,
por unanimidad de votos, condenó a una pena de un año de reclusión a Carlos Montes Rodríguez y Javier Rodolfo Pastor, además les impuso la pena accesoria de inhabilitación especial con duración de 2 años, la cual cumplirán de forma continua a la pena privativa de la libertad impuesta, por el delito de Cohecho Pasivo.
Los jueces en su Lectura de Sentencia informaron que como consecuencia de la condena de
reclusión además se impone la pena accesoria de Interdicción Civil, por el tiempo que dure la
condena principal y declaró la responsabilidad civil contra ambos imputados sobre el importe que pudieren acreditar ante autoridad competente, respecto de la reparación de los gastos
ocasionados y de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el cual fueron condenados.
Durante el desarrollo del Juicio Oral y Público, la terna de juzgadores encontró como hechos
probados que, en junio de 2011, ambos imputados en su condición de miembros de la Junta
Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), aceptaron recibir la cantidad de
ciento cincuenta mil dólares ($150,000.00) cada uno a cambio de agilizar los pagos
correspondientes al contrato celebrado entre la empresa COSEM y CA TECHNOLOGIES y el
IHSS.
Los jueces encontraron también que en el año 2013, Javier Rodolfo Pastor Vásquez, solicitó a un representante de las empresas antes mencionadas un segundo pago por la cantidad de Cien mil dólares ($100,000.00) por el mismo concepto antes descrito.
«La Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), previa licitación,
resolvió adjudicar el Concurso Público Internacional No.01/2020 acerca de la Contratación de
Servicios Profesionales de Organización, Digitación, Automatización, Sistematización de
archivos y base de datos de planillas y tarjetas de afiliación de la cuenta individual del IHSS a la empresa Compañía de Servicios Múltiples (COSEM), por un monto de diecinueve millones
setecientos setenta y cinco mil Dólares Americanos ($.19,775,000.00)».
Los jueces en materia de Corrupción señalaron que ese contrato no se concluyó en el tiempo
pactado en virtud que la Junta Interventora, quien realizó una auditoría legal a dicho Instituto,
puso fin al contrato en mención de manera anticipada al rescindirlo.
