La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (la Titular o Comisionada), Blanca Izaguirre, en el ejercicio de su mandato constitucional con independencia funcional y de criterio; ante los hechos ocurridos en el Congreso Nacional de la República, se pronuncia en los términos siguientes:
La Comisionada expresa su preocupación por la grave tensión y los hechos violentos acaecidos el 31 de octubre de 2023 en el Congreso Nacional, la gravedad de estos hechos guarda relación directa con la polarización entre las y los diputados de las diferentes bancadas a raíz de la falta de consensos para la elección del nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto(a) del Ministerio Público.
La titular del CONADEH insta a las diferentes fiscalías del Ministerio Público a investigar de manera oficiosa los hechos constitutivos de delitos y en todo caso, deducir la responsabilidad penal, civil y/o administrativa correspondiente.
El CONADEH reitera que, el consenso, el diálogo y la institucionalidad democrática son factores sine qua non para canalizar las demandas sociales. La conjugación plena e integral de estos elementos podría dar solución a la problemática del Congreso Nacional y aceleraría la elección de la persona titular del Ministerio Público y su suplente.
En consecuencia, la Comisionada realiza un llamado a las diputadas y los diputados a instalar un diálogo respetuoso, responsable, serio, ético y profesional, el cual debe regirse por los principios democráticos propios de un Estado de Derecho, así como a la ciudadanía a mantener la cordura en cada una de sus actuaciones y evitar hechos violentos o delictivos que pongan en riesgo la integridad física y la vida de las personas.
Finalmente, el CONADEH recuerda a los poderes del Estado y demás instituciones públicas que, la institucionalidad se funda en la Principio de Separación e Independencia entre Poderes, el cual se operativiza a través del sistema de pesos y contra pesos, mismo que aumenta la confianza ciudadana, reduce la conflictividad y la polarización social, y potencia la vigencia y garantía de los derechos y libertades fundamentales en la República.
