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    Condenan a seis años de prisión e inhabilidad perpetua a Cristina Fernández de Kirchner

    La actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada este martes 6 de diciembre a seis años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

    “Se le considera autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, indicó el juez.

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    Fernández de Kirchner, quien se desempeñó como presidenta de Argentina entre 2007 y 2015, era acusada debido a que, supuestamente, orientó la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur del país) para favorecer al empresario Lázaro Báez durante su gestión en el Ejecutivo.

    El fiscal encargado del caso, Diego Luciani, pidió el pasado mes de agosto 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la exmandataria.

    No obstante, la defensa de la expresidenta ha solicitado su absolución al considerar que no hay prueba alguna para condenarla.  «Es muy difícil fundamentar una condena. Si hay derecho, y esto es Estado de derecho, tiene que absolver», aseguró Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Fernández, previo al fallo.

    «No hay prueba de cargo para condenarla, (pero) si el juicio va a ser político, por supuesto que va a haber una condena», advirtió.

    Varias organizaciones kirchneristas anunciaron, antes de la lectura de sentencia, movilizaciones para apoyar a la vicepresidenta, en lo que ella misma ha calificado como una persecución política.

    ¿Qué pasa ahora? 

    El veredicto es de primera instancia, con lo cual podrá ser apelado ante el máximo tribunal de Justicia, es decir, la Cámara Federal de Casación, por lo que no será una decisión en firme.

    A partir de este momento, posiblemente, se abrirá un derrotero de apelaciones que podría durar varios meses. Además, Fernández de Kirchner, por contar con fueros en su condición de vicepresidenta, no irá a prisión.

    En ese sentido, la condena no impediría que la vicepresidenta se postule a cualquier cargo en las elecciones generales de 2023, en las que incluso se ha dicho que podría presentar su candidatura a la presidencia.

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