El Poder Judicial ha anunciado que La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción declaró Sin Lugar el recurso de apelación presentado por Aníbal Umanzor y ratifica el Auto de Formal Procesamiento por Violación a los Deberes de los Funcionarios y Malversación de Caudales Públicos.
Aníbal Rodríguez Umanzor fungió como Gerente Legal del SANAA.
En mayo del 2022 la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, FETCCOP, logra la detención judicial del ex asesor legal del SANAA, Aníbal Rodríguez Umanzor, acusado de malversar 725 mil lempiras de caja chica en 2015.
Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) logró que una corte de apelaciones confirmara el auto de formal procesamiento en contra de un exfuncionario del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), acusado por ilicitudes en la administración anterior en relación al mal uso de fondos de la institución.
Se trata del gerente legal, Aníbal Rodríguez Umanzor, a quien se le declaró “Sin Lugar” el recurso de apelación presentado por su defensa, por lo que en los próximos días irá a audiencia preliminar por suponerle responsable de malversación de caudales públicos y violación a los deberes de los funcionarios.
Otros acusados son: el ex gerente general de esa institución, Luis René Eveline Hernández y el extesorero, Óscar Urbano Núñez, por violación de los deberes de los funcionarios, así como el exgerente financiero, Rodolfo San Martín Bendaña, por usurpación de funciones y malversación de caudales públicos; los dos primeros tienen auto de apertura a juicio decretado y el tercero se someterá este martes a un procedimiento abreviado (aceptará culpabilidad).
De acuerdo a la investigación, en este caso se desviaron setecientos veinticinco mil lempiras (L. 725,000.00) de fondos públicos del SANAA y que fueron a parar a cuentas personales de algunos de los involucrados.
La cantidad malversada fue emitida a través de cinco cheques por distintos montos que oscilan entre los 20 y 250 mil lempiras, constatándose que en la asignación de fondos especiales para el exgerente legal, no se siguieron los requisitos legales establecidos en el reglamento interno de uso y manejo de caja chica y fondos especiales del SANAA.
Con lo anterior, los exfuncionarios irrespetaron las normas y asignación de recursos; en el caso del exgerente del SANAA que autorizó estos pagos, su deber era verificar que existiera la solicitud del empleado o funcionario, donde pedía el capital y la justificación en lo que iban a ser utilizados, además se determinó que la cantidad límite para solicitar es de 50 mil lempiras y en varios de los desembolsos rebasaban esa cantidad.
