El artículo 2 de la Ley de Justicia Tributaria define las inversiones en energía como un rubro prioritario para el Estado de Honduras, por tratarse de un derecho humano y un bien público de seguridad nacional.
Esto coincide con la reforma energética, cuyo art. 3 establece que la ENEE deberá garantizar el servicio de energía eléctrica a toda la población, asegurando la inversión del sector privado en el subsector eléctrico, sin que esta exceda la inversión pública.
Por tanto, el Estado abandera las metas de renovabilidad en el plan de nación, y para ello avanza en la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos para una matriz renovable y potencia firme que solo centrales con embalse pueden proporcionar, explica la ENEE.
Según la Asociación Iberoamericana Reguladora de Energía, las energías renovables hoy en día son competitivas, están bien consolidadas, y no requieren incentivos fiscales. Sin embargo, la reforma tributaria respeta los derechos adquiridos por las empresas y mantiene exoneraciones vigentes, señala la ENEE.
Además, la reforma tributaria crea el Régimen de Incentivos de las Inversiones para el Desarrollo (RINDE), que facilita a empresas exoneradas la depreciación acelerada sobre sus activos en un período de cinco (5) años, así como otros beneficios fiscales.
La ENEE continúa explicando que respalda la Ley de Justicia Tributaria para incentivar la inversión con regímenes fiscales justos, eliminando todo el entramado jurídico que se construyó para convertir a Honduras en un paraíso fiscal, tal como lo expresó la División de Política Regulatoria en México y América Latina.
Confiamos en las políticas del gobierno para construir un país en que prevalezca el fortalecimiento de las finanzas públicas en beneficio del pueblo hondureño, concluye el comunicado de la ENEE.