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    Conozca los 10 puntos de la Ley de Justicia Tributaria que propone el Gabinete Económico de Honduras

    SAR: A partir del Golpe de Estado se concedió un feriado tributario para los ricos.

    Entre 2009 y 2022:
    (i) se crearon 6 regímenes nuevos de exoneraciones fiscales a las grandes empresas, como las Alianzas Público-Privadas o las ZEDE.
    (ii) se crearon y ampliaron 11 beneficios fiscales en los regímenes de exoneraciones existentes, como la ampliación a 74 años para ZOLI o las cláusulas de Estabilidad Fiscal que impiden al Estado cobrar nuevos impuestos a las APP.
    (iii) se aprobaron 25 decretos para perdonar deudas tributarias a las grandes empresas por casi toda década de 2010 a 2020; pero al mismo tiempo.
    (iv) se crearon 14 nuevos impuestos para cobrar a los más pobres.

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    Esto fue acompañado de una práctica institucional corrupta que blanqueó la evasión fiscal.

    Se desnaturalizó el uso de los regímenes y se abusó en el otorgamiento de las exoneraciones fiscales, no se registró información sobre beneficios y beneficiarios, no hubo articulación interinstitucional, y no se controló ni se auditó a las empresas exoneradas.

    Durante 11 años no se reclasificó al 78% de las grandes y medianas empresas que estaban como pequeñas, no se ejecutaron acciones concretas para evitar el flujo ilícito de capitales a paraísos fiscales, ni para derogar el secreto bancario.

    A esto se debe sumar la negligencia, lentitud y corrupción del poder judicial, que impide al Estado cobrar sus deudas tributarias: entre 2017 y 2022, estas crecieron en 242%, alcanzando los L2,314 millones.

    Los resultados son desgarradores: en Honduras, el cobro de impuestos hace la sociedad más desigual.

    Los impuestos a los ricos apenas representan L3 de cada L10 que cobra el Estado en impuestos, el 20% más rico recibió el 98.62% de las exoneraciones y exenciones en impuestos sobre rentas y el 40% de las exenciones en Canasta Básica. 25 grupos económicos (a través de 142 empresas) acumularon dos terceras partes (66.7%) de las exoneraciones fiscales y, de acuerdo a los Pandora Papers 146 grandes empresas blanquearon capitales y evadieron impuestos utilizando paraísos fiscales.

    Además de promover la inequidad, el sistema tributario es insuficiente para otorgar los recursos necesarios para implementar la agenda social y económica del gobierno.* Entre junio de 2009 y diciembre 2022 se otorgaron L451,415.3 millones en exoneraciones y exenciones, un 116% del total de la deuda pública al cierre del 2022.

    Honduras es el segundo país de América Latina que más impuestos ha perdonado en los últimos 12 años, con un 7% del PIB. Esto explica gran parte de la insuficiencia presupuestaria crónica del Gobierno; entre 2017 y 2021 apenas se recaudaron en impuestos L53 de cada L100 que fueron gastados.

    Honduras requiere cambios profundos y estructurales para revertir la pobreza y desigualdad promovida por el modelo económico vigente. Para ello el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, a través del SAR, ha hecho pública la propuesta de Ley que será enviada al Congreso Nacional, que se resume en los siguientes 10 puntos:

    1. Reconocer a nivel Constitucional que la recaudación de impuestos debe ser progresiva, es decir que se debe cobrar más impuestos al que más gana y menos impuestos al que menos gana. Adicionalmente, se limita el tiempo de otorgamiento de exoneraciones a un máximo de 10 años. Esta reforma constitucional busca evitar que los abusos de estos últimos 13 años puedan volver a ocurrir.

    2. Derogar los beneficios contenidos en 10 regímenes de exoneraciones fiscales vigentes* para poner fin a su desnaturalización y a los abusos constatados por las empresas beneficiarias. La derogación de los beneficios evitará que se incorporen nuevas empresas en regímenes que han legalizado e institucionalizado los abusos.

    3. Brindar seguridad jurídica a las empresas y reconocer sus derechos adquiridos sobre los impuestos exonerados durante el tiempo correspondiente, según constate en sus resoluciones de inscripción al régimen; esto sin perjuicio de que se pueda cancelar el beneficio en caso de constatar abusos o incumplimiento de los objetivos contenidos en las leyes.

    4. Establecer el marco normativo e institucional adecuado para controlar los abusos de las empresas exoneradas. Con la reforma, SEFIN, SAR y Aduanas realizarán auditorías para cancelar exoneraciones a empresas que han abusado de estas y a empresas cuyo monto exonerado exceda el beneficio retribuido a la sociedad.

    5. Crear dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer inversión extranjera, diseñados bajo los criterios de mejores prácticas internacionales. Los regímenes vigentes exoneran todos los impuestos existentes, por amplios períodos de tiempo e incluyen otro tipo de beneficios más allá de los tributarios, lo que ha promovido la competencia desleal en los sectores económicos. Los dos nuevos regímenes se otorgarán a impuestos específicos, por un máximo de 10 años y con controles para vigilar que los beneficios obtenidos por la sociedad correspondan con la exoneración otorgada.

    6. Cambiar el principio de renta de territorial a mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales. Entre 2017 y 2023 se dejaron de percibir 57 mil millones de lempiras en impuestos por esta reforma introducida a través del Nuevo Código Tributario. Al aprobarse el cambio de principio de renta, 503 empresas y personas naturales iniciarán a pagar impuestos por los ingresos percibidos del exterior.

    7. Eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal. Al eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias, las empresas no tendrán más opción que presentar y pagar sus declaraciones, ajustes y multas en tiempo y forma, elevando la percepción de riesgo de impago y consecuentemente la recaudación de impuestos.

    8. Eliminar el secreto bancario para fines tributarios introducido en el nuevo Código Tributario. El Código Tributario vigente, en su artículo 72 numeral 4, establece requisitos de información que en la práctica impiden al SAR, en el desarrollo de sus controles, acceder a información bancaria para constatar la evasión de impuestos. Si a esto se suma que el país no intercambia información bancaria ni tributaria con el resto de países del mundo y la existencia de regímenes fiscales considerados perniciosos por la OCDE, Honduras se encuentra a las puertas de ser declarado formalmente paraíso fiscal.

    9. Intercambiar información con el resto de los países del mundo mediante la ratificación de la Convención MAAC de la OCDE. Con la ratificación por parte del Congreso Nacional de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC) promovida por la OCDE el país da pasos importantes en transparencia fiscal y evitar caer en el riesgo de ser declarado paraíso fiscal.

    10. Aprobar la figura de «Beneficiario Final» para evitar que las empresas escondan a los principales beneficiarios de sus utilidades y evadan el pago de impuestos a través de complejas cadenas de propiedad. En 2022, el impuesto sobre la renta pagado por personas naturales fue el equivalente al 7% del pagado por las empresas, lo que evidencia las facilidades que se les han otorgado a los dueños de las empresas para evadir. Con la aprobación de la figura de Beneficiario Final los grandes patrimonios comenzarán a pagar los impuestos que les corresponde.

    La Ley de Justicia Tributaria cimentará las bases para construir un sistema tributario más justo y equitativo, donde paguen más los que más ganan. Eliminará los abusos existentes en los regímenes de exoneraciones fiscales existentes y creará 2 nuevos regímenes que beneficiarán a todos el país, y no a unos pocos grupos económicos, al estar atados directamente a la generación de empleos y no permitir su goce por más de 10 años. Evitará que Honduras sea declarada paraíso fiscal y sirva de guarida de capitales ilícitos. Estas acciones permitirán recaudar más ingresos, sin crear nuevos impuestos ni aumentar tasas, y dotar al Gobierno de los recursos suficientes y necesarios para hacer frente a las históricas demandas sociales y generar el desarrollo integral del pueblo hondureño.

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