jueves, junio 13, 2024
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    Consejo Nacional de Defensa y Seguridad aprueba Plan de Emergencia Ambiental

    CERO DEFORESTACIÓN AL 2029
    Situación Actual
    La Presidenta de la República Xiomara Castro, quien preside este Consejo, informa lo siguiente:
    En las selvas de Olancho y la Mosquitia en Honduras, se ubican las principales reservas de bosques de Honduras, y en forma especial la Reserva de Biosfera de Río Plátano, Patrimonio de la Humanidad, lo que constituye, junto a las 75 áreas de reserva declaradas a nivel nacional, la segunda mayor extensión de tierras silvestres de Centroamérica y uno de los cinco Grandes Bosques de Mesoamérica. Este santuario de biodiversidad y patrimonio cultural está bajo la sombra de amenazas inminentes. En estas tierras, especialmente en la reserva de Río Plátano, el jaguar, la guara roja, el tapir y el pecarí de labios blancos viven en libertad, y están siendo amenazadas. Mientras más de 100,000 habitantes indígenas Miskitu, Tawahka, Pech y Garífunas no tiene la capacidad de custodiar estos territorios ancestrales.

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    La tala masiva y la ganadería ilegal, impulsada por el hambre, la ambición desmedida en el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, el comercio inescrupuloso de explotación irracional de las principales especies de maderas preciosas y de bosques de pino, el crimen organizado quien cubre las actividades de narcotráfico dentro de las selvas hondureñas, está arrasando con los bosques y desestabilizando la región, poniendo en riesgo la seguridad física, cultural, alimentaria y del agua, vital líquido para la sobrevivencia humana, y especial de las comunidades locales e indígenas, además el daño que le causa a la contaminación ambiental y el clima global. En los últimos 20 años, Olancho, la Moskitia y las diferentes zonas de reserva de Honduras, ha visto desaparecer cerca del 50% de sus ecosistemas por la codicia de este sistema de modelo de explotación y extractivismo que está destruyendo nuestros recursos naturales.
    Combatir la deforestación, el crimen y la inseguridad es también luchar por la dignidad y el progreso sostenible de los pueblos y comunidades originarias, así como fortalecer la resiliencia frente al cambio climático. Es el momento de continuar con acciones contundentes y de fuerzas aplicando la ley, contra la devastación de nuestros bosques, reinstaurar la seguridad en esta zona vital y forjar un nuevo paradigma de desarrollo que garantice la protección de los recursos naturales y la sobrevivencia humana, especial de los pueblos originarios.

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    El Gobierno de la República a través del Programa Presidencial Padre Andrés Tamayo, ha invertido 1,600 millones de lempiras en el medio ambiente, ejecutados con responsabilidad. Fondos que han permitido la reducción del 67% de la deforestación de la zona núcleo de la Biosfera del Río Plátano, la instalacion de tres batallones verdes, 2 mil soldados asignados a áreas naturales protegidas y por primera vez en dos décadas un balance positivo en restauración ambiental: 21 mil hectáreas de ganancia en áreas de bosques. Sabemos que todo el esfuerzo anterior tiene resultados, pero la mano criminal sigue actuando y deteriorando nuestros bosques.
    De acuerdo a los registros históricos, el índice de impunidad por delitos ambientales ha sido del 97%. En los años 2022 y 2023, la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental, creada por la Presidenta, ha realizado 367 operativos y ha capturado en flagrancia 153 personas, pero el resultado ha sido dejarlos en libertad, y solo 3 guardan prisión.
    Estamos en un punto crítico, un momento decisivo en la trayectoria ambiental del país, debiendo la institucionalidad que integra el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tomar las siguientes resoluciones:

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    Resoluciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad
    Comisión “Cero deforestación al 2029”
    El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ordena a través de la presente resolución las acciones siguientes:

    1.
    Declarar el estado de Emergencia Ambiental de los bosques de Honduras, la defensa de las áreas protegidas y zonas productoras de agua.
    2.
    Al Ministerio Público, investigar el modo de operación de las asociaciones y organizaciones con actividad comercial y criminal en la región. Gran parte de la agricultura migratoria, ganadería extensiva, siembra de plantaciones de droga, que se da en la zona tiene su origen en el lavado de activos y el crimen organizado, actividades que atentan y destruyen los bosques tropicales de Honduras, y en especial Olancho, departamento de Gracias a Dios, áreas de La Moskitia y zonas de Río Plátano.
    3.
    Neutralizar y establecer control en las carreteras utilizadas para cometer delitos ambientales y actividades asociadas al crimen organizado, que han

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    destruido
    los bosques y la cultura de los pueblos originarios, especial, Lenca, Chortí, Garífuna, Tolupan, Pech, Miskito, Tawahka y demás áreas protegidas del país. El Ministerio Público, deberá presentar un informe en 7 días, y liderará esta operación para asegurar el control territorial en manos de las instituciones del Estado.

    4.
    Se instruye a las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público, proceder de acuerdo a los mecanismos legales correspondientes, al decomiso inmediato y la posterior destrucción de acuerdo a la ley, de la maquinaria que depreda bosques, ríos, montañas y áreas protegidas.

    5.
    Algunas municipalidades autorizan, sin facultad legal del Estado el dragado de ríos y extienden permisos de explotación de montañas, como ha estado sucediendo.

    6.
    Se procederá a anular jurídicamente, las autorizaciones que en áreas forestales ha extendido el Instituto Nacional Agrario, transgrediendo la Ley de Forestal. Y se instruye a las Fuerzas Armadas, a través de la Policía Militar del Orden Público; y a la Policía Nacional, a través de la Unidad de Policía Ambiental y las dependencias de Policía a nivel nacional, cumpliendo los requisitos que manda la ley, al desalojo de las actividades de agricultu ra, ganadería, minería y dragado de ríos, y construcción de proyectos de urbanización, dentro de las zona núcleo de las áreas protegidas, para lo que se extiende un plazo de 45 días.

    7.
    Al Ministerio Público, investigar los procesos de otorgamiento de títulos de propiedad, e inscritos ilegalmente en el Instituto de la Propiedad, dentro del patrimonio nacional forestal inalienable, y especial los que han despojado a las comunidades y a los pueblos originarios.

    8.
    A las Fuerzas Armadas, aumentar progresivamente, en el tiempo de duración de la estrategia “Cero Deforestación” hasta 8 mil efectivos asignados a los Batallones de Protección Ambiental para garantizar el ejercicio de la soberanía nacional y defensa de las áreas protegidas.

    9.
    Todos las personas naturales y jurídicas, que se demuestre su presencia depredadora en actividades de descombro, agricultura migratoria, ganadería, minería, y plantaciones ilícitas, e incendiarios, encontrados cometiendo delitos ambientales deben ser capturados y puestos a disposición de los juzgados especiales de jurisdicción nacional en materia ambiental.

    10.

    A la Corte Suprema de Justicia, dispondrá de manera inmediata, de 3 jueces de jurisdicción nacional, con residencia en las zonas de reserva declaradas en los departamentos de Olancho, Gracias a Dios y otros.

    11.
    Al Ministerio Público, dispondrá de manera inmediata, de 3 fiscales de jurisdicción nacional, con residencia en las zonas de reserva declaradas en los departamentos de Olancho, Gracias a Dios y otros.

    12.

    La Estrategia de “Cero Deforestación” contará con un presupuesto de 1,000 millones para ejecución de 2024; 2,000 millones para 2025; 3,000 millones para 2026; 5,000 millones para 2027; y 8,000 millones para 2028. El total de inversión será 19 MIL millones de Lempiras.

    13.
    Creación de la Comisión para la Cero deforestación al 2029, a cargo de todas las funciones en defensa, protección, y desarrollo sostenible de los bosques de Honduras. Será presidido por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) actuará como Secretario de la Comisión, tendrá el acompañamiento de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACIT), Secretaría de Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, representante del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General del Estado.

    14.
    Esta Comisión deberá desarrollar antes del 30 de mayo, a través del ICF, el análisis multi-temporal desde 2014 a la fecha, con especial énfasis en las áreas protegidas y definir el uso actual del suelo.

    15.
    Al Poder Legislativo reformar el Código Penal para el endurecimiento de penas y sanciones por la comisión de delitos ambientales.

    16.
    La Comisión para la “Cero deforestación al 2029” presentará en 7 días, el reglamento para operar esta resolución. Sin menoscabo de los que ordena la resolución comenzarlos de manera inmediata.

    17.
    Dentro del reglamento de esta resolución, se establecerán los incentivos para las personas que ubicadas dentro de áreas deforestadas, se incorporen a un programa voluntaria de protección, reforestación y defensa de las cuencas productoras de agua.

    18.
    Los ministros que integran esta Comisión, están obligados a pasar el 50% de su tiempo laboral en las zonas de reservas y sitios afectados por la deforestación

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