Tegucigalpa, Francisco Morazán. Como parte de las diligencias en torno al caso denominado «Hospitales Móviles», se continúan las inspecciones a los centros de atención médica para pacientes con COVID-19 que compró el Estado a través de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), a un costo de más de 47 millones de dólares.
En ese sentido, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), por segundo día consecutivo inspeccionan el hospital móvil de Choluteca, uno de los siete que vendió el guatemalteco Axel López, a quien ayer se le aseguraron en Estados Unidos más de 100 millones de lempiras en una cuenta bancaria a nombre su empresa Elmed Medical Systems.
En la inspección, los fiscales y agentes de los Departamentos de Procesamiento de la Escena del Crimen y de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública y Patrimonial, constataron que desde su instalación en mayo pasado en los 39 módulos no se han atendido a pacientes con Coronavirus, ya que no existen las condiciones idóneas en cuanto a espacios y protocolos de bioseguridad.
En estas instalaciones la dirección del Hospital Regional del Sur, determinó poner en uso dos salas de medicina interna y ambulatoria para mujeres y hombres únicamente con ocho camas, con lo cual se confirma que la erogación realizada por INVEST-H no ha cumplido con lo proyectado.
Por este caso, el Ministerio Público acusó a Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón, altos exdirectivos de INVEST-H, acusados por dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios y dos delitos de fraude y quienes guardan prisión por este mega fraude.
Caso en el cual también se imputó a Axel Gamaliel López Guzmán, por dos
