La Ceiba, Atlántida. Por unanimidad de votos la Corte Primera de Apelaciones declaró “Ha Lugar” la solicitud de procedimiento especial de Antejuicio presentado el pasado 8 de marzo por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), contra el exalcalde de la ciudad de La Ceiba y actual regidor, Carlos Alejandro Aguilar Ponce, a quien se le acusa por los delitos de Falsificación de Documentos Públicos, Violación a los Deberes de los Funcionarios y Fraude en perjuicio de la Administración Pública.
Con la acción anterior se autoriza al Ministerio Público para que pueda presentar acción penal pública contra el exalcalde quien, de acuerdo a las investigaciones de la FETCCOP, en sesión de corporación municipal, aprobó un contrato para que la empresa Renewable Energy Developers (RED), manejara por 30 años los desechos sólidos de la ciudad para la conversión de energía, en tal sentido la empresa RED estaría a cargo del botadero municipal. Posteriormente Aguilar Ponce sin autorización de la corporación hizo una ADENDA a dicho contrato en donde también se les adjudica de manera directa la recolección de basura, pero no quedó en las actas porque nunca fue discutida ni aprobada.
Con lo anterior, agregado incorrectamente, se llevó el contrato para su aprobación en el Congreso Nacional y su posterior publicación en la Gaceta, pero los regidores descubrieron posteriormente que hubo incongruencias entre el acta aprobada en corporación municipal y la otra en donde el alcalde Aguilar quiso hacer valer un punto inexistente bajo documento público falso que no fue sometido a la discusión y aprobación por parte de la municipalidad.
Al suspenderse la transacción con la empresa RED, está demandó a pesar de ser un contrato fraudulento suscrito por el exalcalde y en sentencia firme se condenó a la corporación de La Ceiba a pagar más de 500 millones de lempiras por el aparente incumplimiento, a pesar de haber falsificación en el mismo.
El Ministerio Público reitera a la población, que su trabajo lo realiza seria y responsablemente, que, al contar con todos los elementos probatorios que sustenten un Requerimiento Fiscal científicamente bien elaborado este se presente ante juez competente para deducir la responsabilidad a las personas imputadas.
