AFP. El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil invalidó ayer por seis votos contra uno la candidatura del encarcelado expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, abriendo apuestas sobre quiénes se repartirán los votos del favorito a las elecciones de 7 de octubre.
El fallo, emitido después de más ocho horas de debates, fue de inmediato denunciado por el Partido de los Trabajadores (PT), que prometió «luchar por todos los medios», multiplicando los recursos judiciales y movilizando a sus bases, para asegurar la presencia de su líder en esos comicios, que se anuncian como los más inciertos de las últimas décadas.
El magistrado relator del caso, Luis Alberto Barroso, instó a impugnar la candidatura del exmandatario (2003-2010) en aplicación de la ley de «Ficha Limpia», que impide a un condenado en segunda instancia presentarse a cargos electorales. «La ley de Ficha Limpia prevé claramente que los condenados por un tribunal colegiado son inelegibles», afirmó.
Lula, de 72 años, purga desde abril en Curitiba (sur) una pena de más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero.
Simpatizantes del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una concentración en Brasilia, el 14 de agosto de 2018Barroso también abogó por prohibir al PT usar la figura de Lula en su campaña por televisión, que empieza este sábado para las presidenciales.
Y recomendó dar al PT un plazo de diez días para nombrar un reemplazante de Lula, que podría ser su compañero de fórmula, el exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad.
Pero lejos de resignarse, el PT anunció su intención de multiplicar los recursos ante los tribunales y en las calles. «Vamos a defender a Lula en las calles, junto al pueblo, porque es el candidato de la esperanza», prometió en un comunicado.
La defensa de Lula sostenía que Brasil debía acatar un reciente pedido de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para que el líder de la izquierda pueda seguir siendo candidato e incluso hacer campaña desde la cárcel.
Esa posición fue aceptada por el juez Edson Fachin, que votó a favor de Lula.
Su pronunciamiento causó sorpresa, dado que Fachin, a cargo de las investigaciones de corrupción de la operación Lava Jato en la corte suprema, suele estar alineado con los fiscales que desde hace cuatro años consiguieron encerrar o acusar a buena parte de la élite política y empresarial de Brasil.
Lula fue declarado culpable en julio de 2017 de beneficiarse de un apartamento en un balneario paulista, ofrecido por una constructora para obtener su mediación en contratos con Petrobras. La condena fue ratificada y ampliada en enero de este año por una corte de apelación.
– País polarizado –
El plenario del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil debate la validez de la candidatura para las elecciones del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia, el 31 de agosto de 2018El juez Barroso advirtió sobre la necesidad de aclarar el confuso panorama electoral.
«En este momento complejo y polarizado, la mejor alternativa es que la justicia electoral esclarezca con celeridad, transparencia y colectivamente el marco definitivo de los candidatos a presidente antes del horario electoral, que puede ser decisivo», expuso.
Lula, que al abandonar el poder tenía una popularidad de más del 80%, es identificado por millones de brasileños con años de crecimiento económico y de progreso social.
Una encuesta de Datafolha le atribuyó la semana pasada 39% de intenciones de voto, 20 puntos más que el ultraderechista Jair Bolsonaro, su más inmediato seguidor. El sondeo indica además que derrotaría a cualquier adversario en una segunda vuelta.
En su ausencia, Bolsonaro iría a una segunda vuelta con la ecologista Marina Silva, una exministra de Lula, aunque su fortaleza actual podría debilitarse por el escaso espacio que tendrán en la propaganda gratuita por televisión, que se atribuyen en función del tamaño de las bancadas de los candidatos en la Cámara de Diputados.
Silva, de 60 años, afirmó en un comunicado que «a partir de la decisión del TSE, el proceso electoral podrá seguir por sus cauces legales». «Sin embargo, la justicia tiene que alcanzar aún a todos los que cometieron crímenes y que están protegidos por el manto de impunidad de los fueros especiales» de que gozan ministros y legisladores, agregó.
