La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala declaró hoy procedente el proceso de retiro de la inmunidad al presidente Jimmy Morales, acusado de financiamiento electoral ilícito, y turnó el caso al Congreso para que resuelva en última instancia, según fuentes judiciales.
El pedido de antejuicio o despojo de la inmunidad del mandatario fue hecho por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de Naciones Unidas, para investigarlo por financiamiento anónimo en las elecciones del último trimestre de 2015.
La investigación preliminar apuntó que el financiamiento anónimo sumó siete millones 920 mil 375 quetzales (1.1 millones de dólares), que el FCN-Nación no reportó al Tribunal Supremo Electoral de Guatemala.
Morales era secretario general del derechista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que lo llevó al poder en los pasados comicios.
Este mismo miércoles, se dio a conocer que la CSJ también autorizó el trámite de antejuicio contra la diputada izquierdista Nineth Montenegro, una reconocida defensora de los derechos humanos, para investigarla por presunto financiamiento elector ilícito en los comicios de 2015.
Analistas dan por hecho que el presidente Morales evitará el antejuicio, pues en el Congreso son mayoría los diputados oficialistas y aliados al gobierno, quienes en 2017 ya evitaron un anterior pedido de antejuicio, cuya aprobación requería el voto de 105 de los 158 diputados.
El 27 de agosto del año pasado, el presidente Morales declaró no grato al titular de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, y ordenó su inmediata expulsión del país, luego de ese primer pedido de antejuicio, aunque la orden fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
El titular del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, principal aliado político de Morales, forma parte de la corriente política que acusa a la CICIG de pretender un “golpe de Estado técnico” contra el actual gobierno.
