En Costa Rica se discute una ley que obligaría a madres o padres divorciados a facturar sus compras para demostrar que la pensión alimenticia que perciben se emplea exclusivamente hacia la manutención de los menores de edad.
La iniciativa busca prevenir que estos recursos sean utilizados para adquirir productos o servicios ajenos a las necesidades de los niños. Según el reporte de medios locales, las facturas servirán como comprobantes de acreditación del uso eficiente de dichos recursos.
La iniciativa fue propuesta por el diputado Harllan Hoepelman Páez, presidente de la Comisión de la Niñez y Juventud. El legislador costarricense aclaró que su proyecto no busca generar polémica en torno a una cuestión de género, sino va “en contra de aquella persona que mal administra el dinero; el que nada debe nada teme».
En caso de que la iniciativa de ley sea aprobada, Costa Rica sería el primer país de Latinoamérica en solicitar al progenitor la rendición de cuentas para acreditar que los recursos de una pensión alimenticia sean aprovechados para el bienestar de los hijos.
