Tegucigalpa.– De manos del Presidente del Poder Judicial, Rolando Edgardo Argueta Pérez y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un total de 300 empleados judiciales, de 598 sometidos a un riguroso proceso de evaluación realizado a personal judicial por contrato, recibieron este día su acuerdo de nombramiento que les faculta para incorporarse al servicio regular de empleados en este Poder del Estado.
Entre algunos de los hallazgos sobre la situación laboral de muchos servidores judiciales de contrato, resalta que muchos de ellos han estado laborando bajo dicha modalidad desde el año 2009. Considerando esta situación, la Presidencia del Poder Judicial, consciente del valor que reviste cada uno de los empleados y funcionarios judiciales que conforman este Poder del Estado y con el objetivo de brindar una mayor estabilidad laboral, mediante Acuerdo No. PCSJ 40-2019, de fecha 23 de octubre 2019, aprobó el desarrollo de un proceso de evaluación a todo el personal judicial por contrato, para su incorporación al Servicio Regular de la Carrera Judicial, el cual está compuesto por tres subprocesos: evaluación de antecedentes personales, evaluación de servicios y evaluación de confianza.
En este acuerdo, se estableció que para considerar que el empleado judicial por contrato ha aprobado el proceso, de los resultados que arrojen las evaluaciones de antecedentes penales, de servicios y de confianza, deberá concluirse que cada uno de ellos ha cumplido con los requisitos de nacionalidad, edad, formación académica y experiencia; igualmente, que no tiene ningún impedimento, incompatibilidad o inhabilidad de tipo constitucional, legal o reglamentario que no le permite desempeñarse en el puesto. Así mismo, que no tiene antecedentes penales ni policiales, que cuenta con el conocimiento de las labores que realiza y con las habilidades y aptitudes propias del cargo. También se verificó que ha tenido un buen desempeño y una buena conducta a lo interno de la oficina a la cual está adscrito, que asiste puntualmente a su trabajo y que, de acuerdo a las pruebas psicométrica, toxicológica, poligráfica y socioeconómica, es apto para el puesto que ostenta.
“Cada acuerdo entregado viene acompañado de diferentes beneficios como ser: cotización a INJUPEMP, derecho a los aumentos salariales, seguro médico privado, seguro de vida, derecho a sus prestaciones y, sobre todo, el derecho a la estabilidad laboral”, puntualizó el Magistrado Presidente.
Argueta Pérez subrayó que “la entrega de estos acuerdos se reflejará en un mayor rendimiento de los empleados judiciales, teniendo de esta manera una mejor prestación de servicios en beneficio a la ciudadanía”.
El 13 de enero 2022 fue recibido en la Presidencia del Poder Judicial la nota suscrita por el abogado José Antonio Bellino Williams, en su condición de Director Delegado de Administración de Personal, acompañada de los cuadros de resultados de las evaluaciones efectuadas a 598 servidores judiciales por contrato, de los cuales dicha Dirección consideró aptos a 300 empleados judiciales hasta ese momento, para su incorporación al Servicio Regular de la Carrera Judicial.
Se establece en el Acuerdo que, como consecuencia de la aprobación del proceso de evaluación por parte de los servidores judiciales elegibles, la verificación de cada requisito exigido por la ley, asimismo, la existencia de disponibilidad presupuestaria para el otorgamiento de su permanencia, lo pertinente es proceder a la emisión de los respectivos acuerdos de nombramiento, así como a su inmediata incorporación al sistema del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), y a la actual póliza colectiva de seguro de vida y médico-hospitalario para funcionarios y empleados judiciales regulares.
El Presidente del Poder Judicial reconoció que “el recurso más valioso que tiene una institución es el recurso humano y es por eso que se ha trabajado para que cada empleado judicial que se merezca su acuerdo en propiedad pueda tenerlo”.
Los Acuerdos de Nombramiento tienen vigencia a partir de este día 1 de junio del 2022, válido para 102 empleados de seguridad y vigilancia, 47 motoristas, 42 encargados de atención al público, 31 archiveros, 26 conserjes, 8 emisores de antecedentes penales, 5 auxiliares administrativos, 5 de auxiliares de mantenimiento, 4 operadores de monitoreo y los 30 restantes distribuidos en distintos cargos de carácter técnico y administrativo.
Por su parte el Magistrado Edgardo Cáceres Castellanos, coordinador de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Suprema Corte, en sus palabras fue enfático al recordarles a los empleados judiciales que recibieron su acuerdo que “su labor transciende a la sociedad, por lo que deben cumplir sus obligaciones con el compromiso que las mismas se realizarán de la mejor manera”.
Agregó que “siempre fue una preocupación permanente de las autoridades de la CSJ brindar seguridad y estabilidad a los empleados judiciales que durante años han laborado bajo la modalidad de contrato, hoy esa meta se ha cumplido”.
Este proceso de evaluación aún no ha finalizado, ya que existen varios empleados judiciales que por factores no atribuibles a ellos ni al Poder Judicial no lo han concluido, motivo por el cual no figuran en el listado; procediéndose según lo establecido en el protocolo aprobado para el proceso de evaluación del personal judicial por contrato; asimismo, existe otra cantidad de empleados judiciales que no se plasman en dicho listado, por no haber aprobado la referida evaluación, siendo que, en el menor tiempo posible, se efectuarán los correspondientes análisis, a fin de resolver lo que en derecho sea pertinente.
