La situación en el Bajo Aguán por el conflicto agrario ha vuelto a resurgir, esta vez en la comunidad de Quebrada Arena en Tocoa, Colón. Tres cooperativas campesinas, El Tranvía, Camarones y Tránsito Chile, han sido desalojadas de sus tierras por mercenarios pagados por empresas privadas que aseguran tener propiedad sobre estos lugares.
En horas de la mañana, miembros de la cooperativa El Tranvía fueron atacados con balas vivas, lo que ha generado gran preocupación entre las familias, que incluyen más de 150 personas, entre ellas niños y ancianos. Las autoridades aún no han investigado adecuadamente estos hechos, lo que aumenta la incertidumbre y el temor entre los campesinos.
La violencia en contra de las familias campesinas se ha agravado, y ayer, una persona resultó herida por los disparos de estos grupos. Los videos muestran cómo la policía ha sido incapaz de controlar la situación, superada en número por los atacantes.
Según un abogado, estos conflictos son promovidos por el mismo Instituto Nacional Agrario (INA) para expropiar tierras y expulsar la inversión privada. El abogado señala un sistema de corrupción en el INA y la falta de éxito de la comisión agraria para resolver estos problemas. Además, advierte de un problema inminente con la Corte Interamericana relacionado con propiedades afrodescendientes.
El conflicto en el Bajo Aguán es una lucha histórica que se agravó con la Ley de Modernización del Sector Agrario durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas y la tolerancia hacia los sectores privados. Los campesinos han sido despojados de sus tierras sin una reforma agraria justa.
El Bufete de Estudios para la Dignidad ha señalado que el INA debe pronunciarse y que el gobierno debe garantizar la seguridad del campesinado. Las cooperativas campesinas El Tranvía, Camarones y Tránsito Chile han vivido una situación de despojo por parte de empresarios agroindustriales y el crimen organizado. Desde el 24 de diciembre del año pasado, las denuncias han sido presentadas, pero la situación sigue siendo crítica.
Ayer, con armas de alto calibre, los campesinos fueron desalojados de sus tierras. Al solicitar apoyo de la Policía Nacional, el crimen organizado impidió que la policía pudiera restituir a los campesinos en sus territorios. Más de 300 familias están siendo perjudicadas, y la incapacidad de la Policía Nacional para revertir la situación demuestra la falta de control gubernamental en la zona, que está militarizada.
En horas de la mañana, la carretera CA-13 fue bloqueada por las cooperativas campesinas, exigiendo que se respete su derecho a la tierra. Este conflicto, que ha costado la vida de muchos campesinos, sigue sin una resolución justa.