Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) suspendido temporalmente, y su hijo Gorka saldrán este martes de la prisión madrileña de Soto del Real tras pagar las fianzas de 300.000 y 150.000 euros, respectivamente, que ayer les impuso el juez del caso Soule, Santiago Pedraz.

Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, ambos han depositado esta mañana en el juzgado las fianzas, por lo que el juez ha dictado su libertad y saldrán de la prisión, donde ingresaron el pasado 20 de julio, en las próximas horas.

Pedraz también impuso ayer una fianza de 300.000 euros al vicepresidente económico de la RFEF Juan Padrón, también suspendido, quien, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, ha realizado una transferencia esta mañana para pagar el dinero, con lo que podría salir también en libertad hoy.

El magistrado de la Audiencia Nacional impuso esas fianzas al considerar que no existe riesgo de fuga al haberse practicado ya las diligencias consideradas urgentes en esta causa, entre ellas la declaración de los principales investigados, y que ya “difícilmente podrían obstaculizar la instrucción”.

Una vez queden en libertad, Villar y su hijo (y también Padrón, cuando el juez autorice su salida de la cárcel) tendrán la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado más próximo a sus domicilios, deberán entregar el pasaporte y facilitar además un teléfono móvil donde puedan estar localizables si son requeridos en cualquier momento para ponerse a disposición del juzgado.

El que fuera presidente de la RFEF durante 29 años fue detenido el pasado 18 de julio y conducido a prisión dos días después, igual que su hijo y Juan Padrón, al existir, según el juez, “bastantes motivos para creerlos responsables de los delitos de administración desleal,apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares”.

Según Pedraz, Villar presumiblemente tejió un “entramado” y una red de “clientelismo” que permitió “el desvío de millones de fondos, tanto públicos como privados, del ente federativo.

Al menos desde 2009, Villar usó varias sociedades para el desvío del dinero y estableció un “clientelismo tanto en la contratación del personal, que recae fundamentalmente en familiares, como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de servicios a empresas vinculadas, bien directamente bien a través de familiares”.