Alyse y Elmer Sanchez hacían sus trámites de bodas y se emocionaron cuando pasaron su interrogatorio para que él obtuviera una tarjeta de residencia permanente para inmigrantes, un paso crucial para legalizar su situación en Estados Unidos.
Ella escribió a su familia desde la oficina de inmigración llena de alivio: el funcionario había aceptado su matrimonio como legítimo.
Unos minutos después, Elmer estaba esposado y detenido pendiente de deportación a su Honduras natal, dejándola sola con sus dos hijos pequeños.
“Creemos que fue una trampa, un truco para que fuéramos allí”, dijo Alyse.
El matrimonio se ha sumado a otras cinco parejas en una demanda colectiva que acusa a agentes federales en Baltimore de atraer a familias a interrogatorios sobre su matrimonio solo para detener al cónyuge inmigrante para deportarlo.
Elmer y Alyse Sanchez están desafiando una cruel práctica de Inmigración y Control de Aduanas que engaña y detiene a inmigrantes para ser deportados cuando vienen a citas requeridas como parte del proceso para obtener una tarjeta verde. https://t.co/GbDHmJJ1PM
— ACLU of Maryland (@ACLU_MD) August 29, 2019
Las leyes federales permiten a ciudadanos estadounidenses como Alyse intentar legalizar la situación de cónyuges como Elmer, que vivía en el país sin permiso de residencia. Miles de familias lo hacen: los registros muestran que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) aprobó 23.253 exenciones provisionales por presencia ilegal, el último documento que necesitan cónyuges, hijos o padres de ciudadanos antes de salir del país y solicitar reunirse de forma legal con sus familias.
