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    Diputada Xiomara Zelaya presenta iniciativa de reforma al artículo 232 contra la corrupción

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    Tegucigalpa, Honduras (01.11.2022) La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Hortensia Zelaya, informó en las últimas horas que presentó al Congreso Nacional (CN), una iniciativa de reforma por adición al artículo 232 de la Constitución de la República para combatir la corrupción e impunidad pública y privada en Honduras.

    Lo anterior fue realizado por la parlamentaria ante inminente llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH).

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    Entre los motivos de Zelaya para presentar la iniciativa están, la ratificación de su compromiso férreo de lucha y combate a la corrupción y la impunidad en Honduras, y en seguimiento a la aplicación de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, aprobada por el Congreso Nacional.

    Asimismo, considerando las comunicaciones remitidas por la Presidenta Constitucional, Xiomara Castro, al señor secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Antonio Guterres solicitando el apoyo para la instalación de la CICIH.

    La congresista señaló: “La corrupción y los nexos con el narcotráfico del régimen anterior han destruido la institucionalidad democrática, la sociedad y la imagen de nuestro país, y si bien es cierto perdieron dramáticamente las elecciones, aún controlan el Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia, cuyos Magistrados fueron elegidos bajo denuncias públicas de corrupción, y sus ejecutorias como la ratificación de la reelección presidencial; la autorización de la venta de la soberanía popular a través de las ZEDE, y la manipulación de juicios incoados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), comprometen seriamente la seguridad y la paz social en HONDURAS”.

    Destacó que la Presidenta Constitucional, Xiomara Castro, ha expuesto también que: “Los esquemas de corrupción han incorporado una serie de mecanismos perversos en que participan no solo funcionarios, sino que verdaderos cárteles que también han incluido redes transnacionales del crimen, empresarios, ONG, Alianzas Público- Privadas, para dilapidar los recursos o asignar contratos ilegales”, por lo que no existe ninguna duda de ese compromiso real y potente para combatir la criminalidad organizada pública y privada

    Por lo tanto, en el marco del Estado Constitucional de Derecho y manteniendo nuestra soberanía patria, debemos dotar a la CICIH de las facultades constitucionales y legales que le permitan investigar de forma independiente, con énfasis en inteligencia y análisis financiero, las acciones de saqueo de los bienes públicos y las redes de corrupción pública-privada que han cooptado el Estado en todos sus ámbitos, así como la conducta administrativa de los titulares de los poderes del Estado.
    Algunos considerandos

    Entre los considerandos del documento, Zelaya detalló que el Sistema Judicial y el Organismo Fiscal de Honduras, se han convertido en el principal obstáculo en la lucha contra la corrupción y la impunidad que se han legalizado y operan en redes criminales que fueron en parte denunciadas por la MACCIH e intervenidas a través de la investigación, extradición, juzgamiento y condena en tribunales norteamericanos en los casos de narcotráfico.

    También que, los principios para la refundación del Estado Socialista y Democrático pasan por garantizar la vigencia del principio de legalidad como mecanismo válido para combatir la corrupción y la impunidad, y es voluntad indeclinable de este Gobierno, suscribir un Convenio con la Organización de las Naciones Unidas para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), para lo cual se deben hacer las reformas constitucionales y legales que garanticen el funcionamiento de ese mecanismo internacional, salvaguardando la soberanía patria y las libertades que prevén los tratados internacionales suscritos por el Estado de Honduras.

    “La impunidad y la corrupción pública y privada, operada a través de redes criminales organizadas que ejecutan en connivencia, acciones de saqueo y entrega de los bienes y recursos públicos de diversas formas, incluidas los procesos viciados de contrataciones de bienes y servicios, fideicomisos, alianzas público-privadas, defraudación y evasión fiscal, concesiones de diversa naturaleza, prevaricato y cohecho de jueces y fiscales, y el enriquecimiento ilícito; así como la conducta administrativa de los titulares de los poderes del Estado en perjuicio del Pueblo hondureño, se faculta para el ejercicio de las acciones investigativas de forma independiente, con énfasis en inteligencia y análisis financiero, el mecanismo de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad CICIH, constituida por el Estado con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. El Convenio Internacional y las leyes secundarias, regularán la forma y los procedimientos”, agrega el documento.

    De acuerdo al escrito de la diputada, las redes de corrupción del régimen anterior, aún alcanzan la institucionalidad pública heredada por lo que se hace necesaria la investigación y formalización de acusaciones a través de instrumentos que permitan contrarrestar la connivencia de algunos grupos que pretenden obstaculizar la llegada de la CICIH, limitar sus acciones o detener el tránsito hacia una nueva época de legalidad, imparcialidad y justicia en democracia.
    Ante ese panorama “La Pichu Zelaya” pidió:

    Artículo 1. Reformar el artículo 232 de la Constitución de la República, el cual deberá leerse de la siguiente manera:

    “Artículo 232. El Ministerio Público es el organismo profesional, especializado, responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los Poderes del Estado y libre de toda injerencia político sectario. El Ministerio Público goza de autonomía administrativa, técnica, financiera y presupuestaria, al efecto en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, tendrá una asignación anual de manera gradual hasta completar el tres por ciento (3.0%) de los ingresos corrientes. El Poder Ejecutivo acreditará, trimestralmente anticipados, las partidas presupuestarias correspondientes. Corresponde al Ministerio Público el ejercicio oficioso de la acción penal pública. En los asuntos de su competencia será ejercitada por la Procuraduría General de la República y a las acciones que correspondan, en su caso, a los particulares. Así mismo, tiene el Ministerio público la coordinación, dirección técnica y jurídica de la investigación criminal y forense. Excepcionalmente y para combatir frontalmente.

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