Un histórico dictamen se llevó a cabo en la Corte Constitucional de Ecuador, donde 7 votos a favor y 2 en contra fueron los decisivos para resolver la despenalización del aborto en casos de violación.
Los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal, estipulaban penas privativas de libertad de entre seis meses a dos años para una gestante que abortase o toda persona que interviniera en la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que las organizaciones defensoras de derechos de la mujer buscaban una interrupción del embarazo legal siempre que sea producto de una violación.
Esta nueva resolución fue acogida con satisfacción por muchas mujeres ecuatorianas al considerarlo “un avance necesario e histórico en la lucha de los derechos de la mujer”.
