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    El 8 de mayo emitirán fallo en el caso Hospitales Móviles, con el que el MP espera recuperar los más de 100 millones de lempiras incautados a Axel López

    Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) finalizó con la audiencia de evacuación de medios de prueba (audiencia de juicio) en el caso de privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito, mediante la cual se pide la restitución a favor de Honduras de más de 100 millones de lempiras (L.101,777,602), equivalentes a más de cuatro millones de dólares ($ 4,231,667.32), que, como parte de las Asistencias Jurídicas Internacionales promovidas en el caso de los Hospitales Móviles, le fueron asegurados en el sistema financiero norteamericano a Axel Gamaliel López Guzmán, quien tiene orden de captura con alerta roja internacional y pedido de extradición.

    Se trata dinero plenamente ubicado en las cuentas del banco JP Morgan Chase 120056152 de Elmed Medical System Inc, 8844713540 de Elmed / Gammatech International Inc y 60537600 de Vertisa Medical Waste Technology Llc, congelado en coordinación y por orden del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Corte de Washington D.C., producto de la medida precautoria cautelar de aseguramiento e incautación que impulsó el Ministerio Público el 8 de marzo de 2021.

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    Estos más de 100 millones de lempiras, según la pretensión fiscal, deben de reintegrarse como patrimonio del Estado de Honduras, planteamiento que se fundamenta en la Ley Sobre Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (de la que el país es signataria).

    La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) espera que el juez de privación valore los 87 medios de prueba aportados y emita una sentencia de comiso sobre los más de 100 millones de lempiras (L.101,777,602), equivalentes a más de cuatro millones de dólares ($ 4,231,667.32), que, como parte de las Asistencias Jurídicas Internacionales promovidas, le fueron asegurados en el sistema financiero norteamericano a Axel Gamaliel López Guzmán.

    El fundamento para reintegrar el dinero relacionado con el megafraude de los Hospitales Móviles al patrimonio nacional, se encuentra en la Ley Sobre Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (de la que el país es signataria).

    Axel López está acusado desde el 8 de abril de 2021 ante el juzgado del circuito anticorrupción junto a los ya condenados Marco Bográn y Alex Moraes, luego que las investigaciones dirigidas por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) develaran que el Estado de Honduras pagó en el año 2020 a la empresa de Axel López más de 47 millones de dólares por la compra de siete hospitales móviles y siete plantas de tratamiento (generadores), cuyo costo real, conforme a facturas en poder de la Fiscalía, fue de 26 millones 500 mil dólares.

    Lo anterior, representa que cada hospital junto a su planta de tratamiento tuvo un valor de dos millones 500 mil dólares, existiendo una diferencia de aproximadamente 21 millones de dólares entre lo pagado por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) y el verdadero precio, lo que equivaldría a una sobrevaloración de más de 500 millones de lempiras.

    Dicho megafraude se fraguó en momentos que la crisis sanitaria que enfrentaba el país por los efectos de la pandemia por COVID-19 fue devastadora; miles de muertes se reportaron, y hasta el día de hoy los hospitales móviles proveídos por Elmed Medical System no brindaron un genuino servicio a la población, contrario a ello, su adquisición provocó un enorme perjuicio a la salud y los recursos estatales, pues las compras se hicieron al margen de la ley, sin garantías de calidad de cumplimiento, sin un plazo fijo de instalación y sin observar la garantía de pago, con insumos vencidos o equipo deteriorado y en mal estado.

    Es importante mencionar que, por el caso Hospitales Móviles otras Asistencias Jurídicas Internacionales solicitadas por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) se siguen procesando, por lo que no se descartan nuevas acusaciones, detalla el Ministerio Público.

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