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    El Tribunal Constitucional de Italia declara la legalidad de la eutanasia en ciertos casos

    La Corte Suprema de Italia se ha pronunciado sobre la legalidad del suicidio asistido. El alto tribunal ha estimado que es legal en ciertos casos, respondiendo así a una cuestión planteada por un juzgado de Milán sobre el caso de Marco Cappato, exeurodiputado y miembro del Partido Radical, que participó en el suicidio asistido del conocido Dj Fabiano Antoniani, que se produjo en Suiza en el año 2017.

    Tras sufrir un accidente de tráfico, Antoniani, más conocido como Dj Fabo, padecía una grave discapacidad permanente, pues quedó tetrapléjico y ciego. Antes de su muerte, Antoniani había apelado al presidente de la república para reclamarle el derecho a una muerte digna y la aprobación en Italia de leyes relacionadas con la eutanasia.

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    En 2017 Cappato acompañó a Fabo a Suiza, donde el suicidio asistido sí es legal, y desde entonces se enfrentaba a un juicio en el que se arriesgaba a una condena de hasta 12 años de prisión. Se ha acusado a Cappato de haber fortalecido el plan de suicidio de Fabo y de facilitar su ejecución, delitos previstos en el artículo 580 del Código Penal italiano. El político ha celebrado el fallo en las redes sociales con las siguientes palabras: «Quien esté en las condiciones de Fabo tiene derecho a ser ayudado. Hoy somos todos más libres, también quien no está de acuerdo. Es una victoria de la desobediencia civil, mientras los partidos giraban la cabeza hacia otro lado».

    El Tribunal, después de haber pospuesto su decisión desde 2018 mientras solicitaba la intervención del Parlamento con una nueva ley, consideró que el suicidio asistido no es punible si se dan ciertas condiciones:

    • Que el paciente sea totalmente capaz de tomar decisiones libres y conscientes.
    • Que el paciente esté siendo mantenido con vida mediante tratamientos de soporte vital.
    • Que padezca una patología irreversible.
    • Que experimente un sufrimiento físico o psicológico considerado intolerable.

    Los límites que impone el Tribunal son varios. Uno de ellos es que «los métodos previstos por la legislación sobre consentimiento informado, cuidados paliativos y sedación profunda continua» deben ser respetados. Además, todos los controles de las «condiciones requeridas» y de los «métodos de ejecución» deben ser realizados por una estructura del servicio público de salud y después de obtener la opinión del comité de ética territorial.

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