España ha experimentado un fuerte aumento en los casos de coronavirus en el último mes, lo que ha llevado a las autoridades a imponer nuevas restricciones en muchas partes del país.
La tasa de contagio de coronavirus en 14 días fue de 469,5 por cada 100.000 habitantes, según datos del Ministerio de Salud español publicados el miércoles, lo que convierte a España en uno de los países con niveles más altos de Europa.
Barcelona y la región circundante de Cataluña planean imponer un toque de queda para frenar la variante delta del coronavirus, que se está extendiendo entre los españoles más jóvenes y no vacunados.
Solo Chipre tiene un nivel peor de casos de COVID-19, según datos del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Entre los jóvenes la situación es alarmante. La tasa entre los españoles jóvenes de 20 a 29 años es ahora de más de 3.000 infecciones por cada 100.000 durante los últimos 14 días. Casi el 50% de la población se ha vacunado doblemente.
Controlar la situación, sin embargo, puede ser más después de que el Tribunal Constitucional español dictaminó el miércoles que partes del bloqueo para contener la primera ola de la pandemia de COVID-19 en 2020 eran inconstitucionales.
España impuso el estado de emergencia en marzo del año pasado, suspendiendo algunas libertades civiles, confinando a casi todos los 47 millones de habitantes de España en sus hogares y cerrando todas las industrias excepto las esenciales durante tres meses.
Vox, el partido de extrema derecha, con 52 legisladores en el Parlamento y el tercer partido político más grande del país en estos momentos, presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional, alegando que la orden original del gobierno violaba los derechos básicos a la libertad de movimiento.
En una decisión dividida, seis magistrados de la corte constitucional apoyaron el reclamo de Vox, mientras que cinco votaron en contra.
Para el Estado español también significa un potencial dolor de cabeza financiero porque 1,1 millones de multas impuestas por violar el estado de emergencia ahora pueden apelarse en los tribunales, lo que significa que el gobierno podría verse obligado a reembolsar las sanciones que impuso a miles de personas.
* Con información de Graham Keeley.
