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    Fausto Cálix: “El pueblo ha financiado al COHEP a través de sus impuestos, la Ley de Justicia Tributaria detendrá este abuso”

    Tegucigalpa, 15 de marzo de 2023- La Administración Aduanera de Honduras participa activamente en el proceso de diagnóstico y elaboración de la Ley de Justicia Tributaria, junto al Servicio de Administración de Rentas (SAR), la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y más de 13 secretarías de Estado, promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro establecida en el Plan de Gobierno que estamos por cumplir.

    Desde 1998 el pueblo hondureño financia a través de sus impuestos al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), cada vez que entra o sale un contenedor de mercancías al país este porta un sello de seguridad, conocido como marchamo o precinto aduanero, el cual tiene un costo de casi 700 lempiras, de los cuales 200 lempiras van directamente para financiar al COHEP.

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    Además de los marchamos, el COHEP se beneficia en los cobros por los siguientes formularios aduaneros:

    1) 9A-1 que se utiliza para la entrada y salida temporal de vehículos tiene un costo de 135 lempiras, de los cuales 35 lempiras van para el COHEP.

    2) 22A que se utiliza para el permiso de salida de embarcaciones, conocido como cabotaje aduanero, tiene un costo de 35 lempiras, de los cuales 10 van para el COHEP.

    3) 6A que se utiliza como permiso de salida, zarpe aduanero, cuesta 35 lempiras, de los cuales 10 van para el COHEP.

    4) Declaraciones Únicas Centroamericanas Aduaneras (DUCA), utilizadas para declarar todo tipo de mercancía que se importa o se exporta, cuesta 170 lempiras, de los cuales 35 lempiras van al COHEP.

    Esto implica que todos estos cobros se trasladan al pueblo hondureño. Cada vez que alguien compra desde un lápiz hasta un carro, está financiando el funcionamiento del COHEP.

    Cabe mencionar que la administración de estos marchamos y estos formularios se le adjudicó de manera directa y sin licitación al COHEP desde el año 1998, mediante 4 acuerdos ejecutivos en 1998, 2003 y vale pena mencionar el decreto de octubre de 2010, luego del Golpe de Estado, y el de marzo de 2014, al inicio del primer período de Juan Orlando Hernández.

    Finalmente, el 20 de abril de 2018, fue publicado en La Gaceta un Decreto Legislativo que otorga este privilegio de forma indefina al COHEP.

    Lo perverso es que estos formularios ya ni siquiera se imprimen, convirtiendo el cobro en un robo legalizado, pues la presente Administración Aduanera ha logrado digitalizar y automatizar todos los procedimientos y formularios aduaneros en nuestro sistema informático llamado SARAH.

    ¿A costa de qué el Estado va a financiar a un organismo gremial del sector privado? Ningún otro gremio financia su funcionamiento a través de impuestos públicos.

    La Ley de Justicia Tributaria establece que este servicio otorgado ilegalmente al COHEP
    debe licitarse públicamente tal como manda la Ley de Contrataciones y Compras del Estado. Desde el 2014 al 2022 han sido 443 millones de lempiras que el Estado le ha entregado al COHEP a cambio de su complicidad con un golpe de estado, con reelecciones ilegales, con fraudes electorales, con la venta del territorio, entre muchos otros. Con este monto se habría podido dotar de 3 millones de raciones de meriendas escolares a las escuelas de nuestro país y se hubiesen podido reconstruir 120 centros educativos.

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