El gobierno del presidente Donald Trump demandará a California para bloquear las leyes que extienden protecciones para los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.
Se trata de la acción más agresiva a la fecha en su intento por forzar a los denominadas estados y ciudades ‘santuario’ a que cooperen con las autoridades federales de inmigración. Los funcionarios estatales se han mantenido desafiantes y han dicho que defenderán su histórica legislación.
Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron el martes que tres leyes que, entre otras cosas, prohíben a la policía preguntar el estatus migratorio de las personas o participar en acciones de cumplimiento de las leyes de inmigración, son inconstitucionales y han hecho que los agentes federales no puedan cumplir con su trabajo.
El fiscal general Jeff Sessions anunciará la demanda el miércoles durante un evento en Sacramento, la capital del estado.
La demanda nombre como acusados al estado de California, al gobernador Jerry Brown y al fiscal general estatal Xavier Becerra.
La demanda es el último capítulo en una historia de lucha entre la Administración Trump y California, el cual se ha resistido en asuntos como los impuestos, las políticas relacionadas con la marihuana y que de forma desafiante se ha rehusado a ayudar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a detener y deportar a indocumentados.
ICE ha incrementado sus operativos en California y Sessions ha dicho que quiere retirar los fondos federales a las jurisdicciones que no cooperen con Inmigración.
La demanda será presentada mientras el Departamento de Justicia también analiza la decisión de la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, de advertir sobre redadas de inmigración, lo que, según funcionarios de ICE, ayudó a cientos de indocumentados a escapar de los arrestos.
