Aseguran 38 bienes inmuebles en cuatro departamentos ligados al crimen organizado

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El Ministerio Público a través de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), con el apoyo de la Policía Militar y del Orden Público (PMOP), ejecutan la Operación Centurión, mediante la cual se ejecutan 14 allanamientos a bienes inmuebles ubicados en las ciudades de Nueva Arcadia, Copán, Santa Rita y El Negrito en Yoro, Nueva Frontera en Santa Bárbara y San Pedro Sula en Cortés, en cumplimiento a la orden emitida por un Juez de Letras Con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, todo esto como parte del proceso investigativo instruido para determinar la comisión del delito de Lavado de Activos. La orden Judicial también pretende al aseguramiento de 38 bienes inmuebles los que oportunamente serán tomados en posesión por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Las acciones anteriores tienen como finalidad la obtención de elementos probatorios relacionados con los delitos de lavado de activos, narcotráfico y delitos conexos, así como preservar los bienes que hasta el momento han sido identificados y que según las investigaciones tienen relación con los ilícitos, tal y como lo establece el artículo 65 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos.

Cabe destacar que el pasado 12 de febrero la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico recibió denuncia en la cual se vincula al señor Bernabé Escalante Andrade y Mauricio Castillo Sanabria, como integrantes de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas, actividad delictiva que supuestamente les ha permitido, junto a personas con vínculos familiares y comerciales obtener una serie de bienes sin aparente justificación económica o lícita procedencia. Además se tiene información que los investigados estuvieron vinculados desde el año 2001 a la organización de los extraditados Luis Alonso y Miguel Arnulfo Valle Valle y Héctor Emilio Fernández Rosa.

El Ministerio Público nuevamente quiere instar a la ciudadanía a colaborar con las autoridades a través de la denuncia, mecanismo que permite el desarrollo de acciones investigativas y judiciales dirigidas a deducir responsabilidad a aquellos que actúan al margen de la Ley y a perseguir el patrimonio derivado de actividades ilícitas; igualmente, se advierte a los ciudadanos a no colaborar con dichas organizaciones prestando su nombre en actos y contratos de carácter civil o mercantil que se refieran a la adquisición, transferencia o administración de bienes de dudosa procedencia, puesto que dicha acción puede constituirse en un delito.

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