Concluye juicio oral y público en el caso Ciudad del Ángel

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Tegucigalpa. El juicio oral y público en el caso de Ciudad del Ángel concluyó este miércoles, pero el fallo del mismo será dado a conocer hasta el lunes 22 de agosto a las 2:00 de la tarde.

En este juicio compareció el diputado Nelson Abdalah por suponérsele responsable de 21 delitos de abuso de autoridad y asimismo, se incluye al diputado suplente José Boris Espinal y a Darío Alberto Mejía, exdirector de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), a ambos se les supone responsables del delito de violación a los deberes de los funcionarios.

Marlon Duarte, abogado defensor del diputado Nelson Abdalah, manifestó que la Fiscalía reconoció que la responsabilidad de las obras les corresponde a los inversionistas privados.

“El fiscal quedó evidenciado en todo el juicio y más aún cuando se dedicó a defender a un exfuncionario público que pertenece a una corriente política, cuando es en el 2006 que se da origen a este problema porque fue ahí donde se autoriza la licencia ambiental que dio vida al proyecto habitacional”, detalló.

Mencionó que el fiscal del MP defendió una y otra vez a la exministra Mayra Mejía. Además, “este fiscal estableció que los actos administrativos no eran constitutivos de delitos, pero sí lo eran los de mi representado”.

Duarte pidió investigar la conducta del fiscal del MP, al tiempo que reflexionó que la Fiscalía solo acusa a funcionarios de tercera y cuarta categoría. “Decir que los actos realizados previo a la autorización de la licencia ambiental están bien porque se rigen bajo los principios de confianza administrativa. Nunca habíamos visto esta situación que un funcionario del Ministerio Público defienda una situación política que es afín a él”.

El proyecto Ciudad del Ángel fue declarado inhabitable el pasado 14 de julio del 2014 por el alto riesgo de deslizamiento, donde se han desplomado al menos 120 casas de las 250 que se construyeron.

El artículo 349 del Código Penal establece que por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios la pena de 3 a 6 años de reclusión más la inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la pena impuesta, mientras que por usurpación de funciones, el artículo 354 establece pena de 2 a 5 años de reclusión, más una multa de cinco mil a 10 mil lempiras, así como la inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la reclusión.