Más de 2 mil policías depurados en 2016 en Honduras

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Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, dio a conocer que desde que el 12 de abril del presente año el Presidente Constitucional de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, juramentó a los integrantes de la misma, 3004 policías han sido sometidos a exhaustiva evaluación a fin de determinar la idoneidad y confianza de los mismos para continuar formando parte de esa institucional gubernamental.

“Los policías examinados pertenecen a diferentes niveles jerárquicos, de los cuales 9 ostentan el rango de General, 47 son Comisionados, 108 Subcomisionados, 108 Comisarios, 154 Subcomisarios, 241 Inspectores, 497 Subinspectores, 215 Suboficiales, 1407 agentes de escala básica y 218 auxiliares” informó.

De los 9 generales evaluados solamente 3 fueron ratificados, tal fue el caso del actual Director General de la Policía Nacional, Félix Villanueva; el Subdirector General de la Policía Nacional, Quintín Juárez; y el Director de Operaciones, Organización y Adiestramiento de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía.

El integrante de la Comisión Especial reveló que “de los policías sometidos a evaluación, la Comisión Especial tomó la decisión de excluir de la estructura a 2091 de ellos, ya sea como consecuencia del proceso de reestructuración, por despido con justa causa o autorizando su retiro voluntario; del mismo modo, determinó incorporar a la recién aprobada nueva estructura policial, a 887 altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional”.

Rivera, indicó que “de estos 2091 oficiales y agentes apartados de la Policía Nacional, la Comisión Especial registra oficialmente que 1601 fueron cancelados por reestructuración, en razón del nuevo andamiaje organizacional de la entidad; 207 fueron despedidos con justa causa sin responsabilidad para el Estado, respetando de forma irrestricta el debido proceso y los derechos humanos de los cesanteados; y a 256 se les canceló el acuerdo de nombramiento por retiro voluntario, en aplicación del artículo 109, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional”.

Todavía quedan en proceso de evaluación 11 miembros de la carrera policial y 15 continúan suspendidos a fin de facilitar a las instituciones operadores de justicia y contraloras del Estado, así como dependencias de inspectoría, inteligencia e investigación criminal de la Policía Nacional, la realización de pesquisas, juzgamientos y sanciones por la comisión de actos reñidos con la Ley.

MÁS LPS. 250 MILLONES SE HAN PAGADO EN PRESTACIONES LABORALES

Según el miembro de la Comisión Especial, hasta la fecha se han pagado más de 250 Millones de Lempiras, en concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos a altos oficiales que han sido cancelados, en los primeros 8 meses de implementación del proceso de emergencia de depuración y transformación de la Policía Nacional.

Omar Rivera, reafirmó lo que varias autoridades estatales han manifestado, en el sentido que “todos los que han sido cancelados como consecuencia del proceso de reestructuración institucional de la Policía Nacional han recibido sus respectivas indemnizaciones”; los depuradores han precisado que “se ha tenido el especial cuidado de no violentar los derechos laborales de quienes son evaluados y en todos los casos se ha respetado el debido proceso, lo que ha provocado que la mayoría de los excluidos de la nueva estructura policial han procedido a solicitar y recibir satisfechos sus respectivas prestaciones laborales”.

Recientemente, la Comisión Especial comunicó que los policías sometidos a evaluación que habían sido cancelados pudieron haber salido de la institución por dos vías, la de cancelación por despido o la de cancelación por reestructuración. El despido se da cuando se ejecuta el acto administrativo que permite la cancelación por causa justificada, sin responsabilidad económica para la institución, y previa audiencia de descargo; mientras que la cancelación por reestructuración es la causa de orden técnico administrativo legal, ajena a la voluntad personal o del miembro de la Policía Nacional, sujeto a la cancelación de su relación de prestación del servicio, cancelándole los derechos que conforme a la legislación le corresponden.

No obstante, Rivera, recordó que “los policías que han sido cancelados y reclaman sus indemnizaciones, necesitan primero tramitar su finiquito administrativo, que implica tener constancia oficial de haber entregado el equipamiento, mobiliario y armamento que fue asignado, así como cuentas claras de los recursos que administraban; sin ese finiquito no podrá entregárseles el dinero al que tienen derecho, es una condición legal insoslayable”.

Según el Decreto Legislativo No. 21-2016 aprobado por el Congreso Nacional de la Republica el 7 de abril de 2016, se dispuso, el artículo 2 “autorizar al Poder Ejecutivo para que, mediante el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, proceda a cancelar la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía Nacional en las decisiones adoptadas en el proceso de depuración con la responsabilidad de pagar los derechos que conforme a la legislación nacional corresponda”; se indicaba el dicho artículo que “son justas causas de cancelación por despido de cualquiera de los miembros de la Policía Nacional la falta de idoneidad para el ejercicio de su función o la pérdida de confianza”. Además, se establece que “el Poder Ejecutivo en el caso de retiro voluntario procederá al reconocimiento y pago de derechos laborales y prestaciones sociales para los cuales podrá establecer convenios de pago”.

Del mismo modo, fue decisión de la asamblea legislativa “autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas crear las partidas presupuestarias correspondientes para el registro del pago de los pasivos laborales que se deriven de la ejecución del presente Decreto y asimismo se le autoriza para que pueda contratar el Banco Estructurador y el Banco Pagador de los bonos soberanos que coloque en el mercado nacional o internacional”; asimismo, “para el cumplimiento del pago de los derechos laborales la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas lo cargará al límite de crédito interno autorizado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. En caso que se requieran mayores recursos se requerirá una ampliación presupuestaria que deberá presentar al Congreso Nacional para su aprobación”.

CONCLUIR EVALUACIÓN DE ESCALA BÁSICA DESTACA ENTRE LOS DESAFÍOS DEL 2017

Finalmente, Omar Rivera, señaló que entre los desafíos más importantes de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, para el año 2017, se encuentra concluir con la evaluación de los integrantes de la escala básica, el personal administrativo y de servicios generales de la Policía Nacional y de la Secretaría de Seguridad, culminar el proceso de ascensos a grado inmediato superior de más de 300 oficiales policiales y la escogencia del nuevo liderazgo policial que conformará el mando estratégico de la nueva estructura institucional.

“Apenas hemos evaluado 3000 policías, falta un importante número de agentes de escala básica al que tendremos que someter al procedimiento riguroso para determinar la idoneidad y confianza que permita incorporarse a la nueva estructura de la institución; continuaremos haciendo un esfuerzo por concentrar nuestra acción a dependencias históricamente señaladas de ser permeadas por la corrupción y la criminalidad, y en zonas geográficas donde la gente más ha clamado por una verdadera profilaxis” afirmó.

También, se evaluará al personal administrativo que labora en los diferentes organismos policiales y las distintas direcciones de la Secretaria de Seguridad; “vamos a iniciar el año tomando una decisión sobre la estructura que prestas servicios legales y jurídicos en la Policía y en la Secretaría, lo que implicara cambios significativos y trascendentales”.

Finalmente, apuntó que pese a que el Consejo General de Ascensos de la Policía Nacional le propuso a la Comisión Especial ascender al grado inmediato superior a 288 oficiales en las escalas Superior, Ejecutiva e Inspección, los candidatos deberán actualizar los resultados de pruebas de confianza.

“Es un gran reto empezar el año procediendo a realizar una profunda revisión de las propuestas y a la aplicación de las respectivas pruebas de confianza, evaluación de desempeño y verificación de antecedentes en los diferentes entes contralores del Estado e instituciones operadoras de justicia; en todos nuestros comunicados hemos señalado que los oficiales serán sometidos a un proceso de recertificación de su idoneidad y para eso ya tenemos apoyo externo de órganos especializados en la materia, y el mejor momento para iniciar ese proceso de recertificación es durante este proceso de ascensos a fin que solamente los mejores continúen liderando los diferentes organismos policiales” acotó.

“Sería inadmisible que se vuelva a cometer el error de recomendar al Presidente Constitucional de la República y al Congreso Nacional el ascenso de oficiales de policía que, meses después, terminaron depurados, enjuiciados y hasta extraditados a los Estados Unidos de América, por la comisión de actos ilícitos” reflexionó Rivera.