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    Juan Guaidó: De la «presidencia interina» de Venezuela al exilio

    El dirigente político Juan Guaidó, expresidente de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, militante del partido Voluntad Popular, y quien se juramentó en 2019 como “presidente interino” para luchar por el regreso de la democracia en Venezuela, está ahora en Miami.

    Dice que viajó a Colombia a participar de los diálogos sobre la crisis en Venezuela, pero fue expulsado por Migración, montado en un avión comercial y enviado a Miami.

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    Guaidó ya no era la máxima autoridad legítimamente electa en el país, luego que la mayoría de diputados de esa Asamblea del 2015 decidieran poner fin al “interinato” para, según sus argumentos, destrabar las negociaciones y avanzar a otro proceso con mira a las elecciones presidenciales de 2024.

    La eliminación de ese «manto de legitimidad» ante la comunidad internacional que le dio su apoyo desde que se juramentó, lo hacía más vulnerable a una posible detención del régimen, que lo ha perseguido por años.

    El 23 de abril de 2022 anunció en un comunicado que había salido del país rumbo a Colombia para los diálogos sobre la crisis política de Venezuela, por iniciativa de Gustavo Petro. Pero más tarde la Cancillería colombiana aclaró que no estaba invitado y que no formaba parte de la delegación que estaba acreditada.

    ¿Cómo llegó a ser la esperanza de los demócratas en 2019?

    Al ser el Parlamento del 2015 el último órgano legítimamente electo, Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, que por norma interna tocaba estar a cargo de Voluntad Popular, del dirigente Leopoldo López.

    El 23 de enero del 2019 Guaidó se juramentó formalmente como presidente interino de Venezuela (2019-2023) en medio de una multitudinaria manifestación convocada por la alianza opositora en Caracas.

    El nombramiento se basó en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución que establecen que, en caso de ausencia absoluta del jefe de Estado, corresponde al titular del Legislativo ocupar de forma temporal el Ejecutivo y convocar elecciones.

    La Asamblea Nacional sostiene que Maduro está usurpando el poder desde que se juramentó para un segundo mandato tras una elección que consideran fraudulentas.

    La instauración del Gobierno Interino contó con el apoyo de Estados Unidos, Uruguay, Ecuador, Grupo de Lima (a acepción de México), Canadá, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, además de 28 integrantes de la Unión Europea.

    Inmediatamente, Nicolás Maduro tildó la declaración como un golpe de Estado, dirigido desde Estados Unidos, rompió relaciones con el Gobierno de Donald Trump y dio un plazo de 72 a los diplomáticos estadounidenses para abandonar el país. Así se produjo el cierre de la embajada.

    Guaidó siguió con el propósito ante el país de: «cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres». Pero esto nunca ocurrió y poco a poco la esperanza que imprimió Guaidó se fue diluyendo el retórica, falta de resultados, un alzamiento fallido, escándalos y el avance de Maduro.

    El más evidente fracaso fue el del 30 de abril de 2019, cuando en la madrugada se anunció que había un levantamiento militar para derrocar a Maduro.

    Frente a la Base Aérea La Carlota, estaban para el asombro de todos: Leopoldo López libre, Juan Guaidó y unos pocos militares esperando el tan sonado alzamiento que no llegó.

    En cuestión de horas Leopoldo López debió refugiarse en la casa del embajador de España, de donde escapó tiempo después rumbo a España.

    Esa sonada militar fallida fue ridiculizada por el chavismo y judicializada por el Tribunal Supremo de Justicia, sumando un cargo más contra Juan Guaidó.

    Tres años más tarde; el 30 de diciembre de 2022 el Parlamento opositor aprobó la eliminación del interinato con 72 votos a favor, 29 en contra y ocho abstenciones. La iniciativa, que le dio el control de activos venezolanos bloqueados en el extranjero por sanciones y apoyo de la comunidad internacional, fue impulsada por los partidos políticos opositores: Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) al considerar que durante el periodo no se cumplieron los objetivos del cese de la usurpación y la convocatoria de unas elecciones libres en Venezuela.

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