Ahora, con una nueva avanzada, el gobierno podría despojar de la ciudadanía a millones de inmigrantes que se naturalizaron desde 1990.
Luisa Collins, vicepresidente de Noticias, resalta en Al Rescate que ahora la administración de Trump promete incluir entre los grupos que se deben sentir más vulnerables precisamente a la clase más protegida de inmigrantes legales: los ciudadanos naturalizados.
La Corte Suprema decidió en junio del año pasado que el gobierno no puede despojar de la ciudadanía a un inmigrante por haber dicho una mentira trivial durante su proceso de naturalización.
El Tribunal indicó que las declaraciones falsas solo pueden conducir a la revocación de la ciudadanía “si cumplieron algún papel en la naturalización”.
Tras el fallo unánime, se pensó entonces que la Corte Suprema había limitado el poder del gobierno para revocar la ciudadanía.
Sin embargo, la administración lanzó la “Operación Janus”, y la agenia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) contrató a decenas de abogados y oficiales de inmigración que se encargarán de revisar 17 millones de solicitudes de naturalización aprobadas entre 1990 y 2016 en busca de casos de fraude.
Según el gobierno, la “Operación Janus” busca encontrar casos de fraude de personas sospechosas de crímenes de guerra o terrorismo hasta los que tienen matrimonios o identidades falsas.
USCIS señaló que solo las personas que han mentido deliberadamente en su solicitud de ciudadanía tienen alguna razón para preocuparse.
Pero ya se han registrado casos de ciudadanos que enfrentan la deportación por haber dicho una falsedad o porque omitieron un detalle sobre sus vidas, por lo que la operación parece ser otro ataque a los inmigrantes.
La Casa Blanca parece haberse olvidado de la decisión de la Corte Suprema del año pasado.
Por si ese es el caso, vamos a recordárselo: es inconstitucional quitarle a una persona su ciudadanía por haber hecho declaraciones erróneas triviales.
