Armando Tábora busca desesperadamente sacar a su hija de un centro de detención de inmigrantes del gobierno donde la adolescente permanece desde hace más de tres meses. Pero cada uno de sus intentos ha sido infructuoso.
El jardinero de la Florida se atrevió a ir a una oficina del gobierno para entregar sus huellas dactilares y documentos requeridos a inmigrantes que intentan recuperar a niños bajo custodia del gobierno. No fue suficiente.
De inmediato le dijeron que debía pedirle a la mujer que le alquila un cuarto en su casa que también presentara sus huellas dactilares, algo que ella se negó a hacer. Luego buscó que sus amigos que viven legalmente en el país lo ayudaran, pero por temor tampoco quisieron.
“Ya no sé qué hacer”, dijo Tábora, un hondureño de 37 años que ha vivido más de una década en las sombras sin ser detectado por las autoridades. “Mi hija está desesperada, llorando, quiere salir de ahí ya”.
El drama de padres separados de sus hijos en la frontera acaparó la atención este año, pero miles de familias inmigrantes están atravesando una frustración similar: los crecientes obstáculos de un sistema intimidatorio que tienen que enfrentar para tomar la custodia de sus hijos y de familiares menores de edad que llegaron solos ilegalmente al país.
Como parte de una política migratoria mucho más estricta, el gobierno del presidente Donald Trump ha impuesto normativas más severas y una exhaustiva investigación para que las familias puedan recuperar a estos niños.
El resultado: familias que ya no saben cómo hacer para cumplir los requerimientos, chicos que pasan más tiempo detenidos, y la mayor cantidad de menores migrantes bajo custodia del gobierno que se haya visto en la historia del país.
Las autoridades insisten en que las políticas buscan la seguridad de los niños.
Más de 12.000 menores se encuentran actualmente en refugios del gobierno, comparados con los 2.400 de mayo de 2017. El promedio de días que esos menores pasan detenidos se ha incrementado de 40 en 2016 a 59 días en 2018, de acuerdo con información de las autoridades nacionales.
Los requerimientos incluyen la entrega de huellas dactilares de todos los adultos que habitan la casa a donde viviría el menor. Son también objeto de una investigación más profunda de antecedentes, pruebas de ingresos monetarios y visitas en sus casas, aseguran abogados.
