El responsable de los Carabineros afirma que las fuerzas de seguridad han decidido ser «prudentes» y limitar la utilización de este polémico método contra los manifestantes
El máximo responsable de los Carabineros de Chile, el general Mario Rozas, anunció este miércoles la suspensión del uso de los polémicos perdigones que han usado sus fuerzas y que han dejado decenas de personas heridas en los ojos generando una enorme controversia en un país azotado por la mayor crisis política que sufre desde el retorno de la democracia.
Según Rozas, las fuerzas de seguridad han decidido ser «prudentes» y limitar la utilización de este polémico método de disuasión para ocasiones donde se asista a «un peligro inminente de muerte» siguiendo la misma normativa que aplican a las armas de fuego reglamentarias de los uniformados.
El Colegio Médico de Chile había contabilizado hasta 272 casos de personas heridas de esta forma hasta el pasado 18 de noviembre y había exigido la suspensión inmediata del recurso a esta munición.
La actuación de los uniformados desde que comenzaron las protestas populares el pasado 18 de octubre ha generado una avalancha de críticas.
El general Aldo Vidal, un alto cargo de esa institución, replicó hace días a los que acusan a sus subalternos de «uso indiscriminado de la fuerza» diciendo que «está muy lejos de ser así». «Es muy difícil que Carabineros pueda contener una masa violenta y que de una u otra manera no resulte un daño colateral. La gran mayoría que recibió un perdigón estaba en un lugar que no tenía que estar», apostilló.
Vidal aclaró que las unidades de intervención que se están usando en estos graves altercados no disponen de suficientes elementos para contrarrestar la presencia de decenas de miles de manifestantes.
«Los carabineros han podido cumplir a duras penas, gran parte de las demandas. Ahora, que no han estado en todos los eventos, eso está a la vista y no han estado porque no pueden, porque no son capaces», dijo.
El denominado estallido social ha derivado en repetidos incidentes de saqueos e incendios, donde han participado grupos de radicales. La presencia de camarillas que exhiben parafernalia anarquista es bien visible en las movilizaciones populares.
Según los medios de comunicación locales, al menos una persona resultó herida de bala en medio de varios confusos incidentes en los que vehículos de los agentes fueron agredidos con piedras y palos por los opositores. Un vídeo difundido el martes en las redes sociales permitía ver cómo un coche patrulla de los carabineros era asaltado por los jóvenes que le arrojaban todo tipo de objetos, causando graves daños al automóvil y a uno de sus ocupantes. Otra patrulla de agentes fue atacada este miércoles en pleno centro de la capital.
La herida de bala es una estudiante de danza y su caso provocó una enésima congregación frente al hospital donde fue tratada. Allí, varias decenas de personas enarbolaron pancartas como la que decía «(Sebastián) Piñera (el presidente), tus manos tienen sangre» o «Todas las balas se van a volver».
La presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, Emilia Schneider, afirmó que ahora «los carabineros disparan balas, no balines, ni perdigones… balas contra personas que se manifiestan desarmadas».
«Exigimos la reforma de estas fuerzas que no han sido tocadas desde la dictadura (de Augusto Pinochet) y que siguen actuando de la misma manera», añadió.
Los ataques contra edificios, negocios privados y hasta instalaciones militares han continuado pese al acuerdo para una posible reforma de la constitución adoptado el día 15, especialmente en las provincias sureñas. La misma fuerza aérea volvió a informar sobre un asalto contra una de sus posiciones en la localidad de Iquique, donde los opositores llegaron a incendiar la garita de un cuartel. Los militares habían advertido día antes que responderían en «legítima defensa» si se volvían a suceder este tipo de incidentes.
Las protestas han dejado 23 muertos, cerca de 7.000 detenidos, y unos 2.400 manifestantes y 1.000 policías heridos, según datos compilados por Reuters.
Al mismo tiempo, la crisis está provocando una creciente división en el seno de toda la clase política que afecta tanto a la izquierda como a la alianza oficialista de derechas, incapaces de conseguir una posición común para afrontar este remezón.
Un grupo de diputados izquierdistas presentó el martes una acusación constitucional contra el presidente, Sebastián Piñera, por su presunta responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el curso del estallido social.
El propio Piñera respondió hoy que «es una acusación que no tiene ningún fundamento». «Lo que el país necesita es paz, unidad, es acuerdos y soluciones para los problemas de los chilenos», agregó
