Tegucigalpa. Francisco Morazán Auto de formal procesamiento obtuvo en las últimas horas la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP) en contra de César Antonio Ordóñez.
El delito que se le imputa es tráfico ilícito de personas en perjuicio de dos mujeres y sus hijos (connacionales), causa en la que el juez competente decretó las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, contenidas en el artículo 173 numerales 5, 6 y 7 del Código Procesal Penal.
Conforme a la investigación, Ordóñez y otros, forman parte de una red de “coyotes”, quienes movilizan ilegalmente personas desde diferentes partes del país hacia Estados Unidos.
Para el caso, en audiencia inicial, se probó que en septiembre de 2021 se materializó el traslado de un grupo de personas, traspasando fronteras de forma irregular, siendo llevadas en un autobús del transporte interurbano hasta la ciudad de San Pedro Sula y de allí a Guatemala en taxi, para luego con ayuda de otros traficantes seguir la ruta a México y Estados Unidos.
A una de las migrantes hondureñas se le mantuvo encerrada por 20 días en una bodega en Reynosa, Tamaulipas, México y al salir y llegar a la frontera, fue capturada y deportada por autoridades migratorias.
Este tipo de hechos se documentaron por parte del Ministerio Público en al menos tres ocasiones, pudiendo establecerse que el imputado César Antonio Ordóñez cobra diferentes cantidades de dinero por el traslado ilegal al norte, sumas que van desde los siete mil dólares($7,000.00) hasta los veinticinco mil dólares ($25,000.00) dependiendo del número de integrantes de la familia, subiendo el precio a catorce mil dólares ($14,000.00) individualmente cuando se trata de menores de edad.
