La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) manifiesta su preocupación por la
presentación de la iniciativa legislativa que pretende modificar el artículo 184 del
Código Procesal Penal de Honduras.
La pretendida modificación tendría como consecuencia el debilitamiento de la
respuesta penal a graves delitos cometidos, entre ellos los de homicidio, asesinato,
femicidio, tráfico de drogas, secuestro, asociación ilícita, extorsión, robo de
vehículos, violación y lavado de dinero, entre otros.
En caso de ser aprobada, la reforma legislativa posibilitará que los acusados de tales
delitos queden en libertad, lo que aumentaría las posibilidades de fuga de los
imputados por dichos delitos. Esto, a su vez, incrementa la posibilidad de que puedan
ejercer violencia contra los testigos de tales causas, realizar maniobras para hacer
desaparecer los bienes producto de las actividades criminales por las cuales están
siendo procesados, así como la práctica de nuevos delitos.
La adopción del texto actual del artículo 184 del Código Procesal Penal tuvo
originalmente como objetivo garantizar la vida, seguridad, integridad física, libertad
personal y la propiedad de las personas, así como fortalecer la lucha contra la
violencia, el tráfico de drogas, la corrupción y otros delitos graves.
Las circunstancias históricas que llevaron a la adopción de tal legislación no han sido
superadas y siguen estando presentes en la sociedad hondureña.
Para hacer frente a problemas graves y a hechos extraordinarios de violencia,
corrupción e impundad, son justificadas la adopción de medidas extraordinarias.
La MACCIH recuerda que delitos como el de lavado de activos están asociados a otros
crímenes graves, como el tráfico de drogas, la actividad de organizaciones criminales
y la corrupción institucionalizada.
Igualmente recuerda que una reforma de similar contenido fue aprobada por el
Congreso Nacional y vetada por el Presidente de la República en el año 2016.
La MACCIH exhorta a la sociedad hondureña a reflexionar sobre las consecuencias
de la pretendida reforma e insta a mantener las actuales medidas legislativas para
garantizar la efectiva sanción de aquellos delitos asociados con graves hechos de
violencia y corrupción.