Este lunes 17 de septiembre, dos años y medio después del asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, comienza el proceso en Tegucigalpa, la capital del país. En el banquillo se sentarán ocho acusados. El crimen provocó una gran consternación e indignación a nivel mundial. Como coordinadora principal de la organización indígena COPINH, Cáceres luchó durante años contra la construcción de una central hidroeléctrica en el río Gualcarque, que tendría un devastador impacto en el entorno habitado por indígenas de la comunidad Lenca. Cáceres fue galardonada por su labor en 2015 con el premio Goldman, uno de los más prestigiosos en el ámbito de la protección medioambiental.
Entre los ocho acusados de asesinato se encuentran extrabajadores de la empresa hondureña DESA, propietaria y encargada de la explotación de la central en el río Gualcarque, así como miembros del ejército hondureño retirados o en activo. Al exgerente de DESA, David Castillo, detenido el pasado mes de marzo, se le juzgará por separado. La organización indígena COPINH, así como familiares de Cáceres consideran culpables a DESA y a los órganos de seguridad estatales.
