Más retos que compromisos cumplidos ha dejado hasta ahora el proceso de instalación de una comisión internacional contra la corrupción en Honduras, de acuerdo con el análisis presentado este jueves por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El capítulo hondureño de Transparencia Internacional detalló cuáles de las acciones adoptadas por gobierno cumplen con el compromiso suscrito con Naciones Unidas y cuáles no.
La instalación de la CICIH fue una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, quiel
afirmó durante la toma de posesión el 27 de enero de 2022 que la instalación de la CICH era una «tarea inmediata» para el combate a la corrupción e impunidad.
El memorándum de entendimiento entre el gobierno hondureño y Naciones Unidas fue firmado el 15 de diciembre, tres meses después, pero sólo el acuerdo referente al fortalecimiento del sistema judicial -de los cinco compromisos correspondientes a la primera etapa- ha sido cumplido hasta ahora con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia.
Cabe señalar que, sin mayores avances en la primera etapa de implementación, los avances en la segundo etapa son menores. Con respecto al marco legal, el único avance ha sido la derogación de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como Ley de Secretos, y el artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Por otro lado, existen obstáculos normativos, tales como las restricciones impuestas al Ministerio Público para la investigación, acceso y resguardo de la información, que perjudican la lucha contra la corrupción y han sido denunciados por instituciones, sector privado y sociedad civil. Esto evidencia poco compromiso falta de voluntad política para activar acciones con Naciones Unidas.
