Estados Unidos deportó a 500 padres migrantes sin sus hijos

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Cumplido el jueves 26 de julio el plazo para que la Administración Trump reuniera a los menores de 17 años con sus padres, separados como medida disuasoria del fiscal general del Estado, Jeff Sessions, para los inmigrantes que han pedido asilo en la frontera. Ahora se plantea qué ocurrirá si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es incapaz de cumplir esta orden de reunificación familiar del juez del distrito de Estados Unidos en San Diego (California), Dana Sabraw. De momento, se pronostica más caos, pero posiblemente ninguna repercusión para el republicano.

Quedan las imágenes de diferentes centros de detención en la frontera, entre las que destacan las del pueblo de McAllen (Texas), zona cero de las últimas crisis migratorias, de niños enjaulados; los audios de los pequeños llorando o los testimonios de los representantes legales sobre cómo los jueces, por ley, han tenido que preguntar a sus clientes, entre ellos de hasta un año de edad, si entendían qué es un abogado y su estatus en el país. De sus relatos, se subraya sobre todo el de bebés gateando por la sala del tribunal.

Situaciones que de momento ponen de manifiesto la escasa preparación de la Administración Trump para abordar esta crisis. Y no hace más que aumentar, debido a que hasta ahora se ha deportado a alrededor de 500 padres sin sus hijos a sus países de origen. Esto significa que la Administración republicana tendrá que hacerse cargo de alguna forma de la manutención y educación de los niños si es incapaz de encontrar a sus progenitores.

A esta cifra, hay que sumar que hay alrededor de 200 adultos que no verán a sus hijos, debido a que tienen historial criminal. Mientras, más de 200 han sido puestos en libertad con tobilleras de seguimiento. Otros 260 desconocen su futuro, ya que sus casos requieren ser investigados.

Desde que empezó la crisis, alrededor de 2.500 menores han sido separados de sus padres. De los mismos, aproximadamente 1.200 han sido reunificados con sus progenitores, otros familiares o tutores, según datos del gobierno de Estados Unidos. Mientras, sólo se ha podido reunir a la mitad de los 100 niños menores de cinco años separados de sus padres.

Por todo esto, semanas después de autorizar este iniciativa, Trump tuvo que dar marcha atrás y abandonar esta política debido a la gran controversia generada. Sin embargo, su base de votantes, que es la que en realidad le interesa al presidente, mantiene su apoyo incondicional. Esta polémica se ha convertido en una mera crisis de relaciones públicas, que no cambiará el voto de los conservadores.

A pesar de ello, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, aseguró a los legisladores del Congreso que el Gobierno cumplirá los plazos marcados por el juez. Unas aseveraciones que se encontraron con las dudas de los congresistas, sobre todo del “caucus” hispano del Capitolio, a los que Nielsen aseguró que “no soy racista”. Unas palabras insuficientes para los políticos demócratas, entre los que destacan el senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, y los políticos de la Cámara de Representantes Luis Gutiérrez, de Illinois; Joaquín Castro, de Texas; Jim Costa, de California, y Rubén Gallego, de Arizona. “Es imposible que cumplan el plazo. Se lo hemos dicho todos”, aclaró el último congresista citado, Rubén Gallego. Mientras, Gutiérrez, uno de los más veteranos del grupo, fue más lejos con sus palabras: “Le dije que está cometiendo crímenes contra la Humanidad. Esto es abusar de los niños. Es cómplice del régimen racista de Trump”, indicó sobre la estrategia del presidente, que utilizó en un principio para negociar con los congresistas la reforma migratoria.

Sin embargo, Scott Stewart, uno de los abogados del Departamento de Justicia, indicó que “tenemos razones para estar muy orgullosos de cómo se lleva a cabo el proceso de reunificación familiar”. Todo a pesar de que el juez ha solicitado más transparencia en este controvertido procesos de devolver los menores a sus padres.