El juez federal Edwin Torres negó nuevamente la libertad bajo fianza que había solicitado este martes la defensa del ex presidente panameño Ricardo Martinelli al considerar que los argumentos presentados no proveían “ningún motivo para reconsiderar” la decisión.

El magistrado, quien está a cargo del caso del ex mandatario, aceptó la petición del abogado Marcos Daniel Jiménez de aplazar para el próximo 3 de agosto la audiencia en la que decidirá si avala la extradición o no de Martinelli a Panamá. Inicialmente se había programado para el próximo martes 25 de julio.

El letrado había pedido que se le concediera el beneficio de la libertad bajo fianza argumentando que su cliente “no tiene ningún deseo de convertirse en un fugitivo internacional” y que “nunca ha intentado esconder su paradero, por lo que no debería ser tratado como alguien que sí lo haría”.

El abogado Jiménez también propuso que para garantizar que su cliente no huiría de Miami a otro país, este cubriría los costos de un sistema de vigilancia por video y de seguridad privada.

“Martinelli ha acordado convertir su residencia en un lugar de encarcelamiento, con la posibilidad de acceso a su abogado para prepararse para la audiencia de extradición y cualquier procedimiento posterior aquí en los Estados Unidos”, añadió en la moción presentada el martes a la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.

Esta es la tercera vez que el juez Torres le niega concederle la fianza, debido a sus “altas probabilidades de huir de los Estados Unidos”. En una decisión del 7 de julio, el magistrado aseguró que va a agilizar la decisión de la extradición de Martinelli y aseguró que el político y empresario panameño “es libre de saltarse los siguientes procedimientos de extradición aquí (en Estados Unidos) y regresar de manera expedita a Panamá, donde puede buscar de nuevo una fianza”.

Martinelli fue detenido en su casa en Coral Gables el 12 de junio por cuenta de una solicitud de extradición en su contra por parte del gobierno de Panamá, en donde es acusado de interceptaciones telefónicas y enriquecimiento ilícito.

Huyó a Miami en 2015, en donde solicitó asilo argumentando ser un perseguido político del gobierno del presidente Juan Carlos Varela.