La Casa Blanca prepara una nueva política para romper familias inmigrantes

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La Casa Blanca está considerando seriamente un nuevo plan para separar a padres y niños en la frontera, con el objetivo de frenar la llegada masiva de inmigrantes indocumentados (en su mayoría, centroamericanos), y pese al fracaso de la política de tolerancia cero la pasada primavera.

El fiscal general, Jeff Sessions, ordenó el 6 de abril a los fiscales que procesaran como criminales a todos los inmigrantes que cruzaran la frontera sin permiso. Sessions ha defendido que esa política de tolerancia cero (que estuvo en vigor del 5 de mayo al 20 de junio) sirvió como arma de disuasión, aunque el fuerte aumento de detenidos en la frontera en los últimos meses parecen desmentirle.

La principal consecuencia fue la separación de familias (los padres eran encarcelados a la espera de juicio, y los niños encerrados solos en centros de detención), que causó tal revuelo social que Trump tuvo que cancelar su política

De los 2.597 menores separados de sus padres durante mayo y junio, quedan aún casi 400 que no han sido devueltos a sus familias (el resto lo fue porque un juez federal lo ordenó el 26 de junio). De hecho, alguno fue entregado en adopción a familias estadounidenses sin informar y contra la voluntad de sus padres.

El propio Departamento de Seguridad Nacional ha concluido que el Gobierno no estaba preparado para ejecutar esta política, y cometió errores gravísimos.

Pese a ello, el Gobierno vuelve ahora a plantearse nuevas políticas de separación de familias en la frontera, según informa el diario The Washington Post.

Una opción sería mantener detenidas a las familias que llegan solicitando asilo durante 20 días, y luego ofrecer a los padres que elijan: seguir detenidos durante semanas, meses o años, a la espera de comparecer ante un juez de inmigración, y que sus hijos se queden con ellos, o que ellos sigan detenidos pero los menores sean entregados a otras familias de adopción (amigos, familiares o desconocidos).

Esta opción parece sin embargo difícil de llevar a cabo en las condiciones actuales, puesto que el Gobierno carece de centros de detención suficientes para albergar a familias inmigrantes (sólo tiene 3.000 plazas), y tampoco dispone de presupuesto para construir más, ni para alimentar y cuidar de esas personas durante años.

Pese a ello, sigue presionando para separar a las familias, porque hay un sector dentro de la Casa Blanca, encabezado por el asesor Stephen Miller, que considera que ello puede servir para disuadir la llegada de inmigrantes (que ahora está en niveles récord, hasta el punto de haber desbordado los centros de detención de Arizona, obligando a las autoridades a liberarlos).

El sector encabezado por Miller parece pues dispuesto a actuar en esta dirección, según informa el diario, aunque hay otros oficiales en la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional preocupados por cómo será recibido este nuevo intento de separar a padres e hijos tras el escándalo anterior.

Otra opción bajo estudio es cancelar el conocido como acuerdo judicial Flores, por el que el Servicio de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, en inglés) se comprometió en 1997 a no mantener bajo custodia a menores por más de 20 días. Esto sin embargo tampoco solucionaría el problema de la falta de centros de detención para familias, y probablemente terminaría contestado ante la justicia.

El Gobierno intenta al mismo tiempo presionar a los jueces de inmigración para que acaben con el atasco de casi 800.000 casos pendientes, que lleva a que los solicitantes de asilo tengan que esperar años antes de comparecer ante la corte (durante ese tiempo, son dejados en libertad porque no hay centros suficientes para retenerlos, lo que se conoce como política de catch and release; Trump prometió acabar con ella pero no lo ha hecho).

El pasado año fiscal (de octubre de 2017 a septiembre de 2018) fueron interceptados más de 90.000 adultos con niños en la frontera, superando así la cifra de 78.000 del anterior periodo.