Tragedia del Chapecoense: la funcionaria boliviana que evaluó el plan de vuelo pidió asilo en Brasil

121

El trágico vuelo que cayó en Colombia y causó la muerte de 71 personas presentó serias irregularidades en el plan de viaje, que fueron advertidas y documentadas por las autoridades bolivianas antes de su partida. Pero quedaron desestimadas por la tripulación de la nave con una respuesta que intentó llevar calma: “Eso está bien, ahí nomás déjemelo“.

Al presentar el plan de vuelo, Álex Quispe, despachador de la aerolínea LAMIA, recibió cinco observaciones por parte de la empleada de la Administración de Aeropuertos boliviana (Aasana) Celia Castedo Monasterio, en la terminal de Viru Viru.

Entre las objeciones, resaltaba que el tiempo de vuelo y la autonomía de la nave eran los mismos, lo que no contemplaba el tiempo destinado ante un eventual desvío o maniobras inesperadas.

La funcionaria está acusada por los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte e incumplimiento de deberes. Aasana le inició el proceso por no reportar el informe a las autoridades superiores.

Hoy está en Brasil, donde recurrió a la Policía y luego al Ministerio Público Federal de Corumbá en busca de información para pedir refugio. La acompaña su abogado.

El delegado de la Policía Federal, Sergio Luis Macedo, explicó a O Globoque Castedo se presentó en las primeras horas de este lunes en esa institución pidiendo información para gestionar el refugio.

Sin embargo, ella dijo que volvería a la espera de que los funcionarios la atiendan y que mientras tanto iría al Ministerio Público Federal donde se encontraba en horas de la noche, de acuerdo con lo que consigna El Deber.

La procuradora del Ministerio Público Federal, Gabriela Tavares, confirmó la presencia de la funcionaria de Aasana y de su representante legal, quienes entraron en contacto con la sede de esta institución en Brasilia.

La Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la República, en coordinación con la procuraduría de Corumbá, “va a solicitar a los órganos federales competentes las medidas que corresponden, conforme a las normas internacionales y el derecho brasileño”, concluyó O Globo.