El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se declaró este martes «a la orden» para lanzar su candidatura a la reelección en las votaciones que se realizarán antes del 30 de abril, si así lo decide el partido de gobierno PSUV.
«Soy un humilde trabajador, un humilde hombre de pueblo. Si el Partido Socialista Unido de Venezuela (…) cree que debo ser el candidato presidencial de los sectores revolucionarios (…), yo estoy a la orden«, dijo Maduro a la prensa antes de encabezar un mitin en Caracas.
La ANC aprobó hoy mediante un decreto que las elecciones presidenciales previstas para este año se celebren en el primer cuatrimestre de 2018. La plenipotenciaria ANC no ha sido reconocida por la oposición y numerosos Gobiernos por haber sido conformada sin un referendo previo de aprobación como indica la Constitución.
Las elecciones estaban previstas para finales de 2018, pero con este decreto se modifica el calendario electoral. No es la primera vez que pasa, el año pasado las regionales estaban previstas para diciembre y se realizaron en octubre. Las modificaciones, afirman desde la oposición, suelen ser usadas por el chavismo para sacar ventaja.
De hecho, el anuncio echa por la borda las negociaciones que el régimen y la oposición llevan a cabo en Santo Domingo, ya que una de las exigencias de la MUD era la reforma del CNE para tener un poder electoral imparcial que garantice el proceso eleccionario. El decreto de la Constituyente no modifica el CNE, adicto al régimen.
Cabello justificó el decreto de adelantamiento del proceso electoral como respuesta a las sanciones impuestas contra Venezuela y varios de sus funcionarios por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, según él con el objetivo de «procurar el cambio de gobierno».
«Si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros aplicaremos elecciones (…) Poderes imperiales y poderes fácticos han desatado una campaña sistemática y de odio contra Venezuela», agregó el influyente dirigente chavista, desde la tribuna del hemiciclo parlamentario.
El lunes, la Unión Europea aprobó sanciones contra siete altos funcionarios venezolanos, entre ellos, Cabello, lo que el gobierno venezolano calificó de un «golpe al diálogo» que ha mantenido desde el 1 de diciembre con la MUD en República Dominicana.
