CN aprueba aspectos del terrorismo y la extorsión en reformas penales

El Congreso Nacional aprobó los primeros tres artículos de la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, para que entre otras cosas se constituya como delito de extorsión, desde el envió de la nota de amenaza, para no tener que esperar a que se pague al delincuente, como estaba establecido en la ley hasta hoy.

Además se aprobó que comete el delito de terrorismo, los miembros de una asociación ilegal que realicen actos de vandalismo de manera repetitiva. Esto no incluye a los miembros de organizaciones legalmente constituidas, como partidos políticos, campesinos, trabajadores estudiantes que realizan protestas públicas, con lo que se garantiza su derecho a la manifestación.

La Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, tiene como objetivo el combate al delito de la extorsión, el accionar de estructuras como las maras y pandillas y otras acciones delictivas imponiendo penas màs severas.

En ese sentido, en el artículo uno, se reforma el artículo 222, se adiciona un párrafo cuarto al artículo 335, nuevo artículo 335-A, del Código Penal y sus reformas.

Es así que ahora el artículo 222 del Código Penal, ahora establecerá que comete el delito de extorsión, quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros, el culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de 15 a veinte 20 años y multa de cincuenta 50 salarios mínimos en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados.

La extorsión se considera consumada y responderán como autores con independencia de si se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación, el que realice la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva, así como quien participe en la recolección de dinero en forma personal, por medio de transferencias electrónicas o a través de sus cuentas en instituciones financieras o reciba bienes o cualquier tipo de beneficio producto del delito.

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