La vicepresidenta del Congreso hondureño niega violencia contra ambientalistas

La vicepresidenta del Congreso de Honduras, Gladis López, desmintió estar involucrada en actos de violencia contra activistas medioambientales, como denuncia un informe de Global Witness, y acusó a “algunos hondureños” de poner en riesgo la inversión en el país con denuncias falsas.

“No es posible que (hondureños) sean capaces, algunos por ideología o por su deseo de ganar las elecciones (de noviembre) de mala manera, de poner en riesgo la inversión en nuestro país”, dijo la diputada a la prensa, en reacción al informe dado a conocer el martes, en Londres, por la organización ambientalista.

Según el informe de Global Witness, figuras económicas y políticas, entre ellas López, quien además es presidenta del oficialista Partido Nacional (PN, derecha), están relacionadas directa o indirectamente con la violencia contra ambientalistas en Honduras.

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“Nuestras investigaciones demuestran que las élites políticas y empresariales hondureñas están usando medios corruptos y delictivos para sacar provecho de la riqueza natural del país y están consiguiendo el apoyo de las fuerzas estatales para asesinar y aterrorizar a las comunidades que se atreven a interponerse en su camino”, explicó Billy Kyte, de Global Witness.

Citó el caso del asesinato de la ambientalista indígena Berta Cáceres en marzo del 2016.

Al señalar que Honduras es uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente, la agrupación afirmó haber tenido acceso a documentos que confirman que el proyecto hidroeléctrico de Los Encinos, en el oeste del país, es controlado por el marido de López, Arnold Castro, quien pretende vender energía al Estado.

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La organización no gubernamental “se manifiesta sobre proyectos que ni siquiera existen”, manifestó López, en referencia al proyecto Los Encinos.

Sin embargo, reconoció que sí es propietaria de otro proyecto hidroeléctico (Aurora) en la misma zona conflictiva, en el occidental departamento de La Paz.

López anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos y el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por el contenido del informe.

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